En un preocupante panorama para la dependencia, Canarias se posiciona a la cabeza con un alarmante 31,3% de personas que aún esperan recibir las prestaciones necesarias, lo que equivale a más de 20.000 personas en esta situación crítica. Adicionalmente, el archipiélago experimenta largas demoras en la tramitación de solicitudes, con un promedio de 487 días, siendo la tercera comunidad más afectada por este retraso.

Un informe reciente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha revelado cifras inquietantes: durante los primeros nueve meses del año, 1.904 personas dependientes perdieron la vida mientras aguardaban ser atendidas en Canarias. Este dato subraya la urgencia de abordar la crónica falta de recursos y atención en el sistema de dependencias de la comunidad.

A pesar de estos datos desalentadores, Canarias ha logrado un aumento significativo en el número de personas que reciben algún tipo de prestación, con un incremento del 18,5%. Sin embargo, esta mejora es sombría y contrasta drásticamente con el número de personas que todavía permanecen en listas de espera.

El informe destaca que, en promedio, en España, cada 15 minutos fallece una persona dependiente mientras espera ser evaluada o atendida. El total de personas en estas listas de espera ha crecido en 13.695 en lo que va del año, alcanzando hasta el 1 de octubre un total de 284.020 personas que aún aguardan la elaboración de sus expedientes o el acceso a los servicios que tienen derecho.

La situación ha llevado a la asociación a alertar sobre un "cambio de tendencia" en el sistema de dependencia, un fenómeno que se ha revertido tras varios años de descenso en las listas de espera. La impactante cifra de 25.060 personas dependientes se estima que fallecerán sin recibir ayuda en 2025, lo que incluye a 13.713 que aún esperan ser valoradas.

Las estadísticas reflejan que de cada 100 personas que mueren esperando atención, un gran porcentaje procede de comunidades como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y, por supuesto, Canarias. Este dato pone en evidencia la insuficiencia del sistema para responder a las necesidades de los dependientes en el momento crítico de su vida.

Respecto a las demoras en la atención, la asociación ha denunciado que el Gobierno no solo ha fallado en reducir los tiempos de espera, sino que, por el contrario, se ha incrementado la media en aproximadamente 15 días. Se critica al Ministerio de Derechos Sociales por intentar minimizar la cifra de desatención, contabilizando solo a quienes llevan más de 180 días a la espera, cuando la desatención afecta a un número mucho mayor.

Adicionalmente, se ha rechazado el "triunfalismo" que emana de las instituciones en torno al aumento de beneficiarios, afirmando que una mayor cifra de personas atendidas es solo reflejo de un número todavía mayor que sigue en la espera interminable de ayudas, poniendo al descubierto las limitaciones del sistema actual.

La creciente atención hacia servicios de bajo coste ha sido categorizada como un "servicio low cost", una estrategia que ha comprometido la calidad del cuidado que las personas dependientes reciben. Si bien el número de beneficiarios ha crecido, la calidad y la variedad de los servicios se han visto reducidas, lo que ha llevado a una obra dramática en la atención proporcionada.

A pesar de que algunas comunidades como el País Vasco y Extremadura hacen esfuerzos significativos en términos de inversión en dependencia, el sistema nacional sigue enfrentando críticas por la disparidad en la financiación, donde algunas regiones reciben más recursos que otras, perpetuando las desigualdades dentro del sistema. Ocho comunidades han visto un aumento en el número de solicitudes que se encuentran en el limbo de la dependencia, lo que plantea serios retos y preguntas sobre la gestión y la atención del gobierno.

El denominado "limbo de la dependencia" afecta a comunidades como Cataluña, Andalucía y Canarias, donde más de la mitad de las personas dependientes en espera residen. Esto resalta la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas de atención a la dependencia y una mejora en la asignación de recursos para erradicar esta dramática situación.

Además, en lo que respecta a la atención domiciliaria, hay preocupaciones serias acerca de la falta de servicios de teleasistencia, con un 56% de las personas atendidas en sus domicilios que carecen de esta importante ayuda. La crítica hacia el ministerio también incluye acusaciones de falta de transparencia al no proporcionar información clara sobre la cantidad de solicitudes pendientes de atender o revisar.