En las Islas Canarias, el coste del alquiler de vivienda ha experimentado un impresionante aumento del 68,1% en la última década, contrastando con el crecimiento más moderado del 31,4% en el ámbito hipotecario. Esta disparidad en los precios refleja una creciente crisis habitacional que afecta la calidad de vida de numerosos residentes en el archipiélago.

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 16 de octubre. En 2024, se estima que la pobreza en Canarias alcanza a un 24,6% de la población, un total de más de 550.000 personas. Aunque esta cifra ha mostrado una leve disminución desde el 30,7% registrado en 2015, aún revela la vulnerabilidad económica de una parte significativa de la sociedad canaria, según el reciente informe de EAPN-ES titulado 'El Estado de la Pobreza en España'.

El informe también señala que la pobreza infantil es alarmantemente alta, situándose en un 36,4%, mientras que un 10,1% de la población enfrenta pobreza severa, lo que representa un ligero aumento respecto al año anterior. El umbral establecido de pobreza se sitúa en una renta anual de tan solo 10.519 euros, una cifra que refleja la precariedad económica imperante en la región.

Además, la desnutrición material es una realidad preocupante en Canarias, con un 10,8% de la población experimentando carencias severas. El informe refleja que un 45,4% no puede permitirse un viaje de vacaciones al menos una semana al año, y un 48,9% no puede afrontar gastos inesperados. Estos datos indicativos de privación material ponen de manifiesto la desigualdad en el acceso a recursos básicos en las islas.

A pesar de que la renta media en Canarias ha aumentado a 13.372 euros por persona, lo cual representa un crecimiento del 9,8% en comparación con el año anterior, este incremento no es suficiente para mitigar el impacto de la inflación y la elevación del costo de vida, lo que indica que el poder adquisitivo se está viendo erosionado.

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha planteado la necesidad urgente de mejorar las ayudas y prestaciones disponibles para afrontar las desigualdades que se han acentuado en el territorio, especialmente la marcada brecha entre el norte y sur del país.

Mientras que en regiones como Asturias la tasa de pobreza se sitúa en un 15,6%, en Canarias, este indicador asciende al 24,6%, con Murcia alcanzando un alarmante 26%. Estos datos subrayan la disparidad en la lucha contra la pobreza en distintas comunidades autónomas.

A pesar del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en diversas regiones, este hecho no se traduce necesariamente en una mejora de las condiciones de vida para aquellos en situación de vulnerabilidad. El análisis de EAPN-ES revela que existen diferencias significativas en las tasas de pobreza relacionadas con la ubicación geográfica y las políticas públicas implementadas en cada comunidad autónoma.

Si bien el riesgo de pobreza y/o exclusión social ha presentado un leve descenso en el último año, del 26,5% al 25,8%, esto implica que aún aproximadamente 12,5 millones de personas viven en condiciones de vulnerabilidad, manteniéndose por encima del umbral del 25% desde 2014.

Esta situación pone de relieve que en España, el contexto territorial juega un papel crucial en la generación de desigualdades, y que las tasas de pobreza regionales pueden duplicar la media nacional, en particular en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde los índices de riesgo son especialmente preocupantes.

Pese a los avances en políticas sociales adoptadas en respuesta a las crisis recientes, la ONG advierte que estos esfuerzos no son suficientes para proteger a los más vulnerables. Un dato alarmante es que alrededor del 8% de la población española sobrevive con menos de 644 euros al mes, una situación que acentúa la urgencia de una mayor intervención estatal.

EAPN-ES también subraya que regiones como Euskadi, Navarra y las Islas Baleares, aunque presentan tasas de pobreza inferiores, enfrentan un riesgo significativo, ya que más del 45% de las personas en situación de pobreza en estos lugares sobrevive con sumas tan limitadas. Esto refleja que el crecimiento económico no ha logrado mitigar las desigualdades sociales existentes.

La organización insiste en que se necesita fomentar una mayor inversión social y un sistema fiscal más progresivo para enfrentar las problemas de desigualdad, señalando que el PIB en sí mismo no es un indicador suficiente de bienestar.

Respecto a las prestaciones sociales, el informe subraya que en 2024, estas han evitado que 11,1 millones de personas caigan en la pobreza. Sin embargo, la capacidad de estas transferencias para reducir la desigualdad varía considerablemente entre comunidades, poniendo de relieve la necesidad de un enfoque más cohesivo y efectivo para abordar estas problemáticas.

En última instancia, el estudio destaca que, aunque algunas comunidades muestren cifras de pobreza más bajas gracias a ayudas, la relación entre recursos y necesidades de la población es compleja y requiere un compromiso real por parte de las autoridades para lograr un cambio significativo en las condiciones de vida de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.