Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) están llevando a cabo una investigación sobre una persona en el municipio de Güímar por presunta adquisición o posesión de especímenes silvestres protegidos sin documentar, un delito contra la flora y la fauna.

Los agentes estaban realizando un servicio coordinado con la Unidad Cinológica de El Pardo, desplazados desde Madrid para buscar y localizar cebos envenenados y productos fitosanitarios ilegales, así como para investigar casos de fallecimiento de aves en tendidos eléctricos. Durante esta operación, observaron un almacén en el municipio de Güimar donde vieron jaulas de medianas dimensiones y escucharon sonidos de animales que pudieran pertenecer a especies protegidas, como los loros Psittacoidea.

Después de realizar las gestiones necesarias, consiguieron localizar, identificar y entrevistarse con el propietario de los ejemplares, así como inspeccionar el lugar, encontrando así un guacamayo azul y amarillo y una cacatúa de las Islas Salomón (Cacatúa ducorpsii). Ambas especies están incluidas en el Apéndice B del Reglamento (UE) 2021/2280 de la Comisión que modifica al Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de fauna y flora silvestre, y carecían de cualquier tipo de documentación y elementos esenciales de identificación.

Los agentes de la Guardia Civil también descubrieron que el investigado tenía otro núcleo de animales en la misma localidad. Al desplazarse al lugar, encontraron un núcleo zoológico con muchos animales, incluida una grulla coronada (Balearica regularun), también incluida en el Apéndice B como los anteriores. También se localizan cinco ejemplares de galápagos americanos sin documentar, cuatro trachemuys scripta elegans y un trachemys sripta scripta, que son especies exóticas invasoras que requieren documentación y autorización para su posesión.

Los agentes solicitaron la colaboración de la Fundación Neotrópico para identificar los animales afectados por protección o incluidos en listados de previa autorización y, ante la falta de documentación, fueron intervenidos y quedaron a disposición de la institución. Además, los agentes del Seprona observaron diversas infracciones en concordancia con la Ley de Biodiversidad y medio Natural, la Legislación de Animales de Compañía y la Legislación de Núcleos zoológicos.

El artículo 334 del Código Penal establece que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general: a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre".