LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 de enero.

La reciente aprobación de una nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria plantea un cambio significativo para los residentes, quienes deberán afrontar un pago medio por vivienda de 149,33 euros. Esta medida fue discutida y ratificada en la junta de gobierno del Ayuntamiento, que dio luz verde al proyecto de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora para la Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos.

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, junto al concejal de Presidencia, Hacienda y Modernización, Francisco Hernández Spínola, y Guadalupe Betancor, responsable del Órgano de Gestión Tributaria, defendieron la necesidad de esta tasa, argumentando que se trata de un requerimiento ineludible para las administraciones locales con el fin de alinearse con las normativas vigentes, tanto a nivel europeo como nacional, en materia de gestión de residuos.

Las autoridades subrayaron que esta iniciativa responde a la obligación establecida en la Ley 7/2022, de 8 de abril, que regula los residuos y suelos contaminados en la transición hacia una economía circular. Esta legislativa es resultado de la adaptación de la Directiva comunitaria UE 2018/851, que busca una gestión adecuada de los residuos en toda la UE, así como de la Directiva UE 2019/904.

La nueva tasa se implementará para cubrir los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos a nivel municipal, con un enfoque particular en el volumen de residuos generados. Además, el Ayuntamiento contempla la inclusión de bonificaciones orientadas a motivar tanto a la ciudadanía como a los negocios a disminuir su impacto ambiental.

La propia Carolina Darias ha expresado que el objetivo principal de esta medida es "minimizar" las repercusiones negativas que la gestión de residuos puede tener sobre la salud pública y el entorno natural. En este sentido, también se busca promover el "refuerzo de la economía circular".

La alcaldesa también enfatizó que el Ayuntamiento ha diseñado un sistema que busca ser "justo", donde quienes generen mayores cantidades de residuos sean los que asuman un costo proporcionalmente superior. A su vez, se incentivarán acciones correctas de separación de residuos, lo que no solo contribuirá a una reducción en la generación de desechos, sino también a la disminución de emisiones vinculadas a esos procesos.

Darias añadió que el compromiso del Ayuntamiento es mantener las tasas en un nivel lo más razonable posible, ofreciendo bonificaciones a quienes logren reducir la cantidad de residuos que generan o que participen positivamente en su tratamiento y valorización.

En una nota adicional, el concejal Hernández Spínola informó que, aunque la nueva regulación entrará en vigor en abril de 2025, el devengo correspondiente a esta tasa comenzará el 1 de enero de 2026. Este tiempo permitirá a la administración local adjudicar nuevos contratos para una mejora notable en los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos sólidos.

Hernández Spínola también destacó que, conforme a la normativa, esta tasa "no puede ser deficitaria", lo que implica que los ingresos obtenidos deben ser suficientes para cubrir todos los costos del servicio correspondiente al ciclo de residuos. Según las estimaciones del Ayuntamiento, el costo total del servicio es de aproximadamente 32 millones de euros, de los cuales el 25 por ciento, equivalente a 8 millones, se destinará al Cabildo de Gran Canaria para el tratamiento adecuado de residuos en el vertedero.

El modelo de cálculo de la cuota incluye una tarifa base que será común para todos los inmuebles que necesiten el servicio de recogida y transporte de residuos, además de una parte variable que se determinará en función de la cantidad de residuos que genere cada inmueble, en línea con el principio de "quien contamina, paga".

En este último componente, se tomará en consideración la calidad de la separación de los residuos, lo que influirá en el monto total a pagar.

Guadalupe Betancor añadió que la nueva ordenanza prevé diversas bonificaciones, lo que permitirá disminuir las cuotas a partir de criterios económicos, sociales y de mejoras en la gestión de residuos. Específicamente, se proponen reducciones en la cuota básica del 50 por ciento para familias numerosas y del 75 por ciento para familias numerosas especiales. Además, se prevén bonificaciones que podrían alcanzar el 100 por ciento para individuos en situación de exclusión social.

Asimismo, las empresas de alimentación y restauración que colaboren con entidades de economía social sin ánimo de lucro y que implementen medidas efectivas de reducción de residuos podrán beneficiarse de una bonificación del 50 por ciento en la cuota por generación, siempre que estos esfuerzos sean verificados por el Ayuntamiento. Además, aquellas personas que domicilien y anticipen el pago de sus recibos recibirán un descuento del 5 por ciento en la cuota total.