La preocupación por la seguridad de figuras públicas en España ha aumentado tras la detención de dos jóvenes, menores de 20 años, en Las Palmas. Estos individuos están siendo investigados por su posible implicación en la filtración de datos personales del presidente Pedro Sánchez y otros altos funcionarios, lo que plantea importantes interrogantes sobre la protección de la información personal en la era digital.

Los detenidos, varones nacidos en 2006, no solo están relacionados con la revelación de la información del presidente, sino que también se sospecha que han filtrado datos de varios periodistas. La situación ha sido objeto de atención mediática, reflejando la vulnerabilidad a la que se enfrentan los ciudadanos y figuras públicas en el entorno digital actual, según fuentes de la Policía Nacional que hablaron con Europa Press.

Las acciones legales han sido impulsadas por la Audiencia Nacional, que mantiene el caso bajo secreto de sumario debido a la sensibilidad del tema, dado que involucra a personalidades prominentes del Gobierno y del Estado. La investigación se ha abierto a raíz de la divulgación en línea de información privada, lo que ha llevado al juez Francisco de Jorge a indagar sobre la gravedad de la situación, que podría encajar en delitos de terrorismo o acoso a figuras de alto perfil.

Entre los datos filtrados se encuentran el número de DNI, la fecha de nacimiento y la dirección particular de Pedro Sánchez, aunque no se ha compartido su número de teléfono. Adicionalmente, los datos de otros nueve ministros también han sido expuestos, incluyendo información de figuras como María Jesús Montero, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, así como detalles sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

La gravedad del caso se incrementa al saber que la Comisaría General de Información está investigando una fuga masiva de un documento extenso que contiene datos personales de numerosos políticos, abarcando desde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hasta la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La Policía también está examinando la difusión de esta información en la 'dark web' y su replicación en canales de Telegram, que involucran a cientos de afiliados de Podemos y otros profesionales de los medios. Este mecanismo de circulación de datos plantea preocupaciones acerca de la ciberseguridad y el manejo de datos sensibles en plataformas digitales.

Cabe destacar que el 19 de junio, la Policía confirmó que había iniciado una investigación tras la primera filtración en un canal de Telegram, sugiriendo que un hacker podría estar detrás del incidente. Esta línea de investigación ha conducido a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, reflejando el compromiso de las autoridades con el esclarecimiento de los hechos.

Los datos personales se propagaron rápidamente en redes sociales, llegando a un canal específico de Telegram denominado “Alvise Pérez Chat”, conocido por su apoyo a un eurodiputado en particular. Aunque inicialmente la información fue masivamente compartida, sorprendentemente, ese primer listado fue retirado del canal, lo que deja abierta la pregunta sobre el control y la responsabilidad en la gestión de la información en línea.