En la jornada del jueves, el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, optó por ejercer su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias que indaga sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Esta decisión se produce en el contexto de su investigación por parte de la Fiscalía Europea, que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, en relación con el conocido 'caso mascarillas'.

Domínguez, que previamente también se había negado a ofrecer declaraciones en la comisión de investigación del Senado, ha argumentado que las actuaciones judiciales están bajo un velo de secreto y que existe una "prohibición expresa" que le impide hacer comentarios al respecto. Además, ha solicitado a la Cámara que se respete su presunción de inocencia, en un claro intento de salvaguardar su imagen ante el proceso que enfrenta.

El exdirector ha solicitado amparo al presidente de la comisión en relación a posibles preguntas que podrían considerarse "incriminatorias" o que pudieran vincularlo a "conductas delictivas". No obstante, Raúl Acosta, responsable de la comisión, ha aclarado que el hecho de que esté investigado no impide que los diputados ejerzan su derecho a preguntar y a llevar a cabo la investigación correspondiente.

Algunas voces dentro de la Cámara han ofrecido su apoyo a Domínguez. Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), aseguró que la "profesionalidad" de Domínguez es incuestionable y confía en que "tarde o temprano la verdad saldrá a la luz". En contraposición, Nicasio Galván, portavoz de Vox, criticó el supuesto pago de comisiones que ascienden a 100.000 euros, así como la falta de lógica en la elección de una empresa dedicada a la compraventa de coches para suministrar mascarillas.

Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), se unió a las voces que destacaron la "experiencia, conocimiento y solvencia" de Conrado Domínguez. Mientras tanto, Fernando Enseñat del Partido Popular (PP) lo cuestionó por negarse a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios y José Alberto Díaz-Estébanez lo mencionó, junto a la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, como el "chivo expiatorio y cortafuegos" del llamado 'Pacto de las Flores'.

En un giro inesperado, Díaz-Estébanez le deseó "suerte" en sus litigios judiciales, insinuando que, a su juicio, es probable que Domínguez enfrente una inhabilitación como consecuencia de los acontecimientos que lo rodean.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez del Pino, representante del PSOE, criticó lo que consideró un "relato engañoso e infame" que varios grupos políticos intentan imponer, al tiempo que expresó su descontento por el hecho de que no se reconozca el esfuerzo que tanto Domínguez como el gobierno anterior realizaron durante la crisis sanitaria. Pérez defendió que la inclusión de Domínguez en el comité de expertos fue crucial, dado su papel como secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, y se cuestionó quién debería ofrecer disculpas si Domínguez finalmente es exonerado.

El diputado socialista lamentó abiertamente el "juicio mediático y público" al cual está siendo sometido Domínguez, y manifestó su deseo de que las autoridades realicen intervenciones en sus comunicaciones telefónicas para desvelar los mensajes que recibió durante la pandemia, sugiriendo que a muchas personas "se les debería caer la cara de vergüenza" por sus acciones.