En un reciente Pleno del Parlamento de Canarias, se ha dado un paso significativo con la aprobación de la primera ley de volcanes en España, un esfuerzo que ha recibido el respaldo unánime de diversas fuerzas políticas y que surge de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 18,000 firmas.

El objetivo principal de esta nueva ley es mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia para quienes han sido afectados por erupciones, permitiendo la reconstrucción de viviendas en la misma área damnificada o en zonas cercanas. También se establecen mecanismos para garantizar compensaciones justas y la protección de derechos económicos y sociales de los afectados al incorporar efectos retroactivos.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, hizo hincapié en que esta ley refleja la voz del pueblo y es una respuesta necesaria ante la inevitabilidad de futuras erupciones en las islas. Aseguró que la legislación se adapta a la nueva realidad y a las repercusiones económicas que estas catástrofes pueden acarrear.

Acosta, después de reconocer la complejidad del proceso, destacó que los grupos políticos han demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha anticipado que esta normativa proporciona una “hoja de ruta” clara para el futuro.

Por su parte, el representante de ASG, Jesús Ramos, alabó el esfuerzo ciudadano en la creación de esta ley, destacando que ofrece una visión a largo plazo y proporciona seguridad jurídica al dejar atrás la confusión generada por los múltiples decretos de la administración anterior. "Esta norma contribuirá a fortalecer nuestra resiliencia como comunidad", aseveró.

En el ámbito de la oposición, Javier Nieto de Vox subrayó la valentía de aquellos que han sufrido las consecuencias de las erupciones. Reconoció que la ley busca corregir ciertas fallas en la actuación de las autoridades, aunque apuntó que no se debe considerar como una solución definitiva al caos administrativo que desencadenaron los desastres.

Desde NC-bc, Luis Campos resaltó la iniciativa de los afectados que impulsaron la ILP, así como la importancia de los decretos legisativos previos. Reconoció que, si bien se ha avanzado, es innegable que los esfuerzos han sido insuficientes y que es vital aprender de los errores previos para estar mejor preparados ante futuros desastres.

Campos también hizo hincapié en que, aunque la ley representa un avance significativo, no aborda todos los problemas surgidos por la erupción, lamentando que no se incluyera un artículo que prevenga el "uso partidista" de las catástrofes en el futuro.

Raquel Díaz, del PP, celebró la neutralidad ideológica de la ley, enfatizando que su enfoque es el bienestar de todos los canarios, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la erupción de Tajogaite. Díaz rememoró los desafíos que enfrentó la comunidad durante la crisis, valorando la respuesta solidaria que emergió de la situación.

Jonathan de Felipe de CC hizo hincapié en la solidaridad mostrada durante la erupción e instó a todos los partidos a trabajar juntos para contribuir a la reconstrucción de La Palma, dejando a un lado las divisiones políticas.

Alicia Vanoostende del PSOE indicó que aunque la ley puede crear expectativas altas, es un instrumento para proteger a Canarias frente a futuros desastres. Sin embargo, también expresó su preocupación por la situación de los agricultores y ganaderos, que han sido tratados de manera inadecuada. Criticó la falta de inmediatez en el avance de los fondos prometidos tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo de La Palma, cuestionando la transparencia en la distribución de ayudas.

La diputada socialista, por último, evidenció que a dos años de las elecciones, La Palma ha estado sumida en el silencio y la respuesta del Gobierno regional no ha estado a la altura de las promesas realizadas. "No sigan utilizando el sufrimiento de un pueblo para hacer política", concluyó.