La Cámara de Representantes considera razonable que se asuman responsabilidades por las decisiones que no resultaron efectivas, cuestionando la idea de que Ana María Pérez pudiera haber tomado en solitario todas las decisiones de compra durante la crisis del COVID-19.

En un contexto crucial para la sanidad pública, la comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha decidido, desde un enfoque político, señalar al expresidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, así como a los exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo, por los contratos suscritos durante la pandemia, que suman cerca de 100 millones de euros.

Según el informe preliminar de la comisión, publicado por 'El Día', resulta razonable que quienes han elogiado públicamente las decisiones de su equipo por los éxitos logrados en la gestión de la pandemia también asuman responsabilidad por los fracasos y deficiencias que se evidenciaron.

La fundamentación de esta posición se apoya en el análisis del catedrático de Derecho Constitucional, Joaquín García Morillo, quien indica que aunque un subordinado cometa un error, esto no exime a su superior de asumir responsabilidades políticas.

El informe subraya que en un sistema parlamentario, la carga de la responsabilidad política recae en los miembros del Gobierno, lo que implica que deben rendir cuentas por las decisiones adoptadas durante su mandato.

Las declaraciones de la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, han sido citadas durante las deliberaciones, en las que insistió que en posiciones gubernamentales, las caídas de uno implican el fracaso de todos en la cadena de mando.

La comisión también destaca que la responsabilidad en el nombramiento de Conrado Domínguez para liderar el Servicio Canario de Salud (SCS) recae tanto en Torres como en Trujillo, resaltando que la destitución de este último no podría considerar zanjada la responsabilidad política correspondiente.

Respecto a Julio Pérez, quien asumió el cargo de consejero interino tras la salida de Cruz Oval, se le critica por permitir que Domínguez ejerciera funciones sin haber sido formalmente nombrado, lo que genera serias dudas sobre el manejo de los procedimientos administrativos.

En cuanto a la figura de Ana María Pérez, el informe resalta que es poco verosímil que las decisiones de contratación, que alcanzan cifras cercanas a 100 millones de euros, pudieran ser exclusivamente atribuidas a ella sin el conocimiento y aprobación de quienes ocupaban posiciones superiores.

La comisión también plantea interrogantes sobre la falta de claridad en la existencia de múltiples comités encargados de la contratación durante la crisis. Aunque se reconoce el ambiente caótico de la adquisición internacional, enfatizan que la urgencia no puede servir como excusa para evadir responsabilidad de aquellos que debían cuidar el uso adecuado de los recursos públicos.

Los miembros de la comisión observan las notables discrepancias en los precios del material sanitario adquirido, con diferencias que pueden superar los siete euros dependiendo del proveedor, y destacan un caso en particular donde se pagaron cuatro millones de euros a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que nunca llegaron a ser entregadas.

El informe concluye que hubo un manejo irresponsable y sin las debidas garantías administrativas, lo que ha tenido repercusiones negativas tanto para la economía de Canarias como para la salud pública, al no recibir el material pagado.

Asimismo, se enfatiza que, aunque la urgencia puede ser un atenuante, la ausencia de controles mínimos de verificación y la elección de proveedores sin la debida solvencia constituyen una grave negligencia por parte de Ana María Pérez, así como una falta de supervisión de sus superiores.

De cara al futuro, la comisión propone enmendar el artículo 120 de la ley de contratos públicos para fortalecer los mecanismos de control incluso en situaciones de emergencia, crear unidades de crisis, establecer un registro preventivo de empresas y desarrollar una plataforma que facilite el monitoreo de contratos en tiempo real.