Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre. En una reciente declaración, el Gobierno de Canarias ha celebrado el respaldo del Parlamento Europeo a una propuesta de la Comisión Europea que propone reducir las exigencias ambientales para las explotaciones agrícolas. Este avance se considera una buena noticia para el archipiélago, pues facilitará el acceso a fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Eduardo García Cabello, viceconsejero del Sector Primario, destacó la importancia de este reglamento de simplificación, que exime a las pequeñas explotaciones de ciertos controles que anteriormente resultaban complicados. "La mayoría de nuestros agricultores son de pequeña escala, muchos operan en menos de diez hectáreas, y algunos ni siquiera alcanzan una hectárea," puntualizó García Cabello.

El viceconsejero subrayó que esta iniciativa representa un alivio significativo para los agricultores y ganaderos del archipiélago, aliviando la carga administrativa que enfrentan en su día a día. Además, enfatizó que el nuevo reglamento ofrece ajustes en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) que los agricultores deben cumplir.

En relación con esta propuesta, García Cabello mencionó que el Gobierno de Canarias ha trabajado en colaboración con la Comisión Europea, buscando excepciones que se adapten mejor a la realidad local y que permitan prescindir de ciertas exigencias que resultaban impracticables.

El Parlamento Europeo, en una votación que finalizó con 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, apoyó la propuesta de suavizar los requerimientos ambientales para las fincas agrícolas, argumentando que esto haría más manejable la burocracia para los agricultores. Este nuevo enfoque formará parte de lo que ha sido denominado 'Ómnibus III', un paquete destinado a simplificar la normativa administrativa.

Entre sus objetivos, esta propuesta busca eliminar redundancias con las normativas nacionales y permitir que las explotaciones ecológicas certificadas sean automáticamente consideradas como cumplidoras de varios requisitos medioambientales establecidos por la UE.

A pesar de rechazar un nuevo tipo de pago directo para los agricultores que sufrieron desastres naturales, la Eurocámara se mostró de acuerdo en establecer un nuevo pago de crisis financiado por los fondos de desarrollo rural de la UE, el cual debe ser obligatorio para los Estados miembros. Asimismo, se ha propuesto reducir al 15% el umbral de pérdidas necesario para acceder a fondos nacionales que cubran primas de seguros, en lugar del 20% que sugería la Comisión.

La Eurocámara también ha manifestado un firme apoyo hacia los pequeños agricultores, sugiriendo un pago anual de hasta 5.000 euros —duplicando así la cifra propuesta por la Comisión— y fomentando un nuevo pago único para el desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros, frente a los 50.000 inicialmente previstos.

Por otro lado, se han aprobado múltiples enmiendas a la legislación vigente en la PAC, destinadas a fortalecer la posición contractual de los agricultores y estabilizar sus ingresos. Se ha propuesto la obligatoriedad de contratos escritos para el suministro de productos agrícolas, aunque se permitirá que ciertos sectores se eximan de esta obligación si así lo solicitan las organizaciones representativas de esos campos.

Finalmente, el Parlamento ha exigido mayor claridad en el uso de términos como "justo" o "equitativo" en el etiquetado, estableciendo estas definiciones en el contexto del desarrollo de las comunidades rurales y de las organizaciones agrícolas. Con esta posición adoptada, el Parlamento estará listo para iniciar negociaciones con los gobiernos de la UE para definir estos textos de manera definitiva.