La situación medioambiental en Lanzarote ha llevado a la Guardia Civil a iniciar una investigación sobre un grupo de aproximadamente 20 individuos en la isla, en un esfuerzo por detener la proliferación de edificaciones no autorizadas. Esta iniciativa busca salvaguardar los ricos recursos naturales de Lanzarote y asegurar que se respeten las regulaciones urbanísticas en vigor.

El equipo de protección a la naturaleza, conocido como SEPRONA, ha llevado a cabo 42 inspecciones enfocadas en edificaciones ilegales en los municipios de Haría y Tías. Como resultado de estas acciones, se están investigando a 20 personas por un posible delito relacionado con la ordenación del territorio, como se detalló en un comunicado oficial de la Guardia Civil.

Las repercusiones legales que podrían enfrentar estos individuos son severas, incluyendo penas de prisión de entre uno y tres años, además de multas que podrían variar de 12 a 24 meses. También se les podría exigir la demolición de las estructuras ilegales y la restauración del terreno a su estado original.

La labor de investigación se ha visto fortalecida por la colaboración entre la Guardia Civil, la Agencia Canaria del Medio Natural y el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Haría, lo que ha permitido un progreso notable en la identificación y documentación de estas infracciones.

El origen de estas investigaciones se remonta al descubrimiento por parte de SEPRONA de un aumento en la construcción ilegal con fines residenciales y recreativos en áreas protegidas, donde tales actividades están estrictamente prohibidas. Este fenómeno representa una amenaza no solo para el medio ambiente, sino también para la calidad de vida de las comunidades que legalmente habitan la zona.

Además, las construcciones ilegales pueden ocasionar daños irreversibles a la naturaleza, creando una "huella difícilmente restaurable" sobre el terreno virgen. Esto implica una pérdida significativa de espacios naturales, suelos agrícolas y biodiversidad, particularmente en un ecosistema tan frágil como el canario.

Para protegerse de las graves consecuencias legales asociadas a este tipo de delitos, la Guardia Civil aconseja a la población que se informe adecuadamente antes de comprar terrenos o emprender proyectos de construcción. Los ciudadanos pueden consultar con el servicio de disciplina urbanística de su municipio o con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para conocer la viabilidad de sus iniciativas.

Por su parte, el equipo de SEPRONA de Las Palmas sigue avanzando en su trabajo en Lanzarote y tiene contemplada una segunda fase de inspecciones. La magnitud del problema podría resultar en un aumento del número de personas investigadas por prácticas de construcción ilegales en la isla.