En Santa Cruz de Tenerife, el 9 de junio, un comunicado oficial de los rectores de las universidades públicas de Canarias ha despertado la preocupación en el ámbito académico y político. Francisco García, de la Universidad de La Laguna (ULL), y Lluis Serra, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), han manifestado su descontento respecto al proceso de elaboración de la nueva ley de ciencia, alertando sobre la falta de inclusión y consulta en este importante proyecto legislativo.

En su misiva, los rectores expresan su inquietud ante el hecho de que no se les haya invitado a participar en la redacción del anteproyecto, a pesar de que estas universidades son pilares fundamentales de la investigación y transmisión del conocimiento en el archipiélago. Este vacío de participación no solo es considerado un error, sino que añade un punto de tensión en las relaciones entre las instituciones académicas y el gobierno regional.

Asimismo, los académicos subrayan que es alarmante que el Gobierno de Canarias no haya promovido un proceso de consulta pública suficiente. Según su declaración, únicamente se enteraron del contenido de la ley una vez entregada al Parlamento, lo que, según el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Canarias, podría contravenir lo estipulado en la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, lo que plantea la posibilidad de su nulidad.

Los rectores critican que este proceso ha representado una "oportunidad perdida", señalando que el proyecto de ley, tal como está presentado, no aborda ni soluciona las problemáticas actuales que enfrentan las universidades canarias en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Destacando el papel crucial que juegan las universidades en la creación de conocimiento y la formación de profesionales altamente capacitados, los rectores hacen un llamado a adoptar una visión ambiciosa que impulse a Canarias hacia un desarrollo sostenible apoyado en la innovación. En este contexto, expresan que las universidades están completamente preparadas para liderar el cambio hacia una economía basada en la ciencia junto al Gobierno regional.

Los rectores argumentan que es esencial fomentar la investigación pública, especialmente en el ámbito universitario, como un pilar básico para alcanzar un crecimiento económico sostenible a largo plazo, con un enfoque en la creación de mayor valor y bienestar social.

Confiando en la receptividad de los diferentes grupos parlamentarios ante las necesidades legítimas de las universidades públicas, hacen un llamado para que sus aportaciones sean tenidas en cuenta durante el proceso legislativo.

Por último, los rectores están convencidos de que, si se trabaja en conjunto, la Ley Canaria de la Ciencia que sea aprobada será una normativa robusta y contemporánea, capaz de enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que Canarias tiene en el campo del conocimiento.