El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este jueves la existencia de "mecanismos legales" que obligan a las comunidades autónomas a cumplir con la Ley de Extranjería, en particular tras la reciente modificación del artículo 35. Asimismo, el Real Decreto de Capacidad, que se espera sea aprobado el próximo 26 de agosto, establece directrices claras para actuar ante situaciones de contingencia migratoria.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en Las Palmas de Gran Canaria, donde se reunió con delegados de distintas comunidades autónomas, Torres declaró: "No hay margen para evadir el cumplimiento de la ley"; esta afirmación se produjo en el contexto de una reunión con representantes de Ceuta, Melilla y Canarias, algunos de los cuales se unieron de forma telemática.

El ministro enfatizó que están trabajando en un "sistema garantista" que debe ser respetado por todas las comunidades, dado su estatus legal. A medida que se materializa la modificación del artículo 35, urgió a la cooperación de todas las autonomías, independientemente de sus votaciones pasadas, en respuesta a la reciente decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid, que suspendió temporalmente un centro de acogida de refugiados por no contar con la licencia correspondiente.

Torres explicó que, durante la reunión, se delinearon los procedimientos a seguir tras la modificación del artículo 35, incluyendo la inminente aprobación del Real Decreto de Capacidad. Se prevé que cuando una comunidad alcance el triple de su capacidad habitual de acogida para menores no acompañados, se le otorgue un plazo de tres días para comunicar su situación.

Este es el escenario actual en Canarias, Ceuta y Melilla, aunque el ministro advirtió que esta situación puede replicarse en otras regiones, dado el aumento de llegadas migratorias por el Estrecho y en Islas Baleares.

La reciente modificación del artículo 35 incorpora "criterios objetivos indiscutibles", tales como la población y los recursos disponibles. Torres indicó que, al declarar el exceso de capacidad, se inician procedimientos administrativos que culminan con la aprobación del delegado del gobierno, asegurando la reubicación de menores en un plazo que puede extenderse hasta un año.

Frente a las situaciones de saturación, Torres hizo un llamado a que se eliminen las "dificultades y obstáculos" por parte de algunas comunidades autónomas. Subrayó que según el Tribunal Supremo, es imperativo que se respete el derecho de los menores solicitantes de asilo en Canarias.

Destacó que esta cuestión es de derechos humanos y un imperativo humanitario, enfatizando que todos los menores, sin importar su origen, merecen el mismo trato. Torres hizo una comparativa entre los refugiados ucranianos y aquellos que huyen de conflictos en África, resaltando que la única diferencia radica en el color de la piel.

En relación al contexto madrileño, el ministro cuestionó la postura de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, que parece rechazar la acogida de menores provenientes de África. Señaló que el centro de Pozuelo, aunque carezca de licencia para ello, ya alberga a menores.

El ministro también mencionó comentarios de un delegado del Gobierno regional, que catalogó las acciones de la Comunidad como "racismo preventivo" al dificultar la acogida de menores de raza negra en comparación con otros.

Finalmente, Torres planteó interrogantes sobre la intención del Partido Popular de derogar la reciente modificación de la Ley de Extranjería, además de instar al presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, a condenar las decisiones de Díaz Ayuso y la alcaldesa de Pozuelo, subrayando que el Gobierno está comprometido con el cumplimiento de la ley y las directrices del Tribunal Supremo.