El Parlamento aprueba avanzar en la ley de alquiler vacacional, ignorando propuestas de PSOE y Vox.
En un acalorado debate en el Parlamento de Canarias, el Pleno ha decidido avanzar en la tramitación de una nueva ley destinada a regular el alquiler vacacional, desestimando las enmiendas de los grupos Socialista y Vox, que pedían una revisión a fondo de la propuesta.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, defendió la legislación como parte de un esfuerzo más amplio para revisar la industria turística en un contexto de creciente "economía de plataformas". Subrayó que el alquiler vacacional tiene una demanda significativa en Canarias, con incrementos que superan el 20% desde principios de 2023. Aunque reconoció el derecho a la propiedad privada, enfatizó la necesidad de que las administraciones actúen para prevenir la especulación y garantizar seguridad jurídica.
Calificó la situación actual como un "caos", argumentando que la nueva regulación establecería "límites" claros: un 90% de las viviendas para uso residencial y un 10% para el uso turístico, mientras que en las 'islas verdes', esta proporción cambiaría a un 80% y 20%, respectivamente. Además, se prohibirá el alquiler vacacional en viviendas de protección oficial y en edificios enteros que operan como hoteles encubiertos, asegurando que se tome una postura firme ante los grandes propietarios de propiedades.
La consejera resaltó la necesidad de conciliar el derecho a la vivienda con la actividad turística, abogando por una regulación que no criminalice ni banalice la problemática del alquiler vacacional. Hizo hincapié en la importancia de establecer límites que no solo sean acordes a la legislación vigente, sino también a la realidad social del archipiélago.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, argumentó que la ley perjudica a las familias canarias, quienes se encuentran "sufriendo y agobiadas". Criticó al Gobierno por tomar decisiones sin un verdadero consenso, generando un clima de "alarma social" y un "efecto llamada" que podría tener repercusiones indeseadas. Franquis instó a De León a mostrar "valentía" y abrir un diálogo real con las comunidades afectadas, en lugar de ceder a intereses poderosos.
Franquis observó que no todas las localidades son comparables y que las 'islas verdes' poseen realidades distintas de las turísticas, lo que hace necesario un enfoque más matizado en la regulación. Aseguró que si el proyecto de ley se aprueba tal cual está, su vida política será tan breve como la del propio Gobierno.
Desde el Grupo Mixto, Raúl Acosta subrayó que la regulación del alquiler vacacional es necesaria, pero también advirtió que no era el único culpable de la crisis de vivienda. Instó a los legisladores a trabajar en un marco normativo eficaz que no dependa completamente de las decisiones de los tribunales, apelando a un esfuerzo colectivo que haga frente a las devoluciones de presión de la comunidad.
Jesús Ramos, de ASG, sugirió que el Parlamento debería haber formado una comisión de estudio para abordar el alquiler vacacional, destacando su potencial para redistribuir la riqueza en las islas. Consideró crucial que todas las viviendas cumplan con la legalidad y aseguró que el problema de vivienda no era únicamente atribuible a este sector en específico.
Esther González, en representación de NC-BC, abogó por una regulación del alquiler vacacional pero criticó la falta de consenso en la ley, que solo contaba con el apoyo de los hoteleros. Afirmó que la propuesta es impracticable debido a la insuficiencia técnica y económica de los ayuntamientos, vaticinando un posible fracaso de la misma.
El parlamentario David Morales, del Grupo Popular, defendió la necesidad del alquiler vacacional como un elemento indispensable en la economía canaria. Criticó tanto al PSOE como a Vox por ignorar la necesidad de encontrar un balance entre el turismo y el acceso a la vivienda, al tiempo que valoró la disposición de NC-BC para colaborar en una solución a través de enmiendas parciales.
Finalmente, Socorro Beato del Grupo Nacionalista, expresó que la ley es necesaria para regular un sector que ha creado oportunidades, pero que también ha impulsado el desplazamiento de residentes locales y el aumento de precios. Abogó por una ley que garantice la convivencia entre la actividad turística y el derecho a la vivienda, señalando que otras comunidades ya han tomado medidas similares.
A pesar de las diferencias, todos los grupos manifestaron su compromiso de trabajar hacia una regulación que sea sostenible y justa, teniendo en cuenta las particularidades de cada municipio en el Archipiélago.