En una significativa operación llamada 'Silbo', la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una de las redes criminales más activas en las Islas Canarias. La intervención se saldó con la detención de 34 individuos, de los cuales 18 ya han sido ingresados en prisión tras la realización de casi 40 registros a lo largo de España.

La investigación, que se ha prolongado por más de dos años, se intensificó recientemente en Santa Cruz de Tenerife y ha contado con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía Judicial de Cabo Verde, bajo la coordinación de Europol. Este esfuerzo internacional subraya la magnitud del problema del narcotráfico que afecta tanto a España como a otras regiones del mundo.

El foco de la investigación se centró en un empresario de 42 años con vínculos en el sector del ocio nocturno y la restauración, que había establecido una compleja estructura para introducir drogas en gran escala desde Sudamérica y África. Este empresario no solo gestionaba sus negocios lícitos, sino que también operaba clandestinamente un tráfico de estupefacientes que abarcaba tanto el ámbito regional como internacional.

Los agentes descubrieron que el líder de la organización negociaba directamente el transporte de grandes cantidades de cocaína a través de barcos nodriza desde Sudamérica. Entre las incautaciones más relevantes se destaca un envío de 500 kilos de cocaína en enero de 2024, seguido por otro de 1.600 kilos en noviembre del mismo año, evidenciando la eficacia de su red de distribución.

Además, se conoció que utilizaba un barco pesquero en Guinea Bissau con la colaboración de un socio en Galicia para obtener el estupefaciente, aprovechando así la conocida 'ruta africana de la cocaína'. Simultáneamente, manejaba una amplia infraestructura en diversas islas para recibir hachís proveniente de Marruecos, el cual era posteriormente enviado al Reino Unido, generando fuertes ingresos económicos.

Los investigadores también documentaron reuniones de la organización con individuos de nacionalidad británica en la Costa del Sol, lo que indica una red de colaboración internacional en el tráfico de drogas. A su vez, un análisis financiero reveló que el empresario había creado un entramado de sociedades para blanquear capitales obtenidos de la venta de drogas, invirtiendo en sectores tan variados como la restauración y el inmobiliario.

En un intento por diversificar sus métodos de blanqueo, el cabecilla utilizó una empresa de alquiler de vehículos, facilitando así tanto la distribución de drogas como el lavado de dinero. En esta última fase de la operación, las autoridades lograron incautar 66 kilos de cocaína, que estaban camuflados en un vehículo de esta empresa a través de un ingenioso sistema hidráulico.

Además, el grupo criminal incorporaba personal con formación militar, de nacionalidades cubana y colombiana, quienes implementaban tácticas violentas para apropiar activos, como un intento de secuestro en Candelaria para hacerse con terrenos. La dimensión de su operación también incluía planes para adquirir armamento ilegal en la península y la capacitación de nuevos miembros en técnicas de combate.

Entre los hallazgos más alarmantes se encontró un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de El Escobonal, donde se almacenaban productos químicos peligrosos y herramientas para la adulteración de drogas. Esta red fue desmantelada gracias a una investigación exhaustiva liderada por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El resultado final de esta operación antipandillas ha sido la incautación de 2.185 kilos de cocaína, armamento modificado en condiciones operativas, más de 600.000 euros en efectivo, vehículos, embarcaciones y la congelación de bienes por valor de más de dos millones de euros. Este caso no solo resalta la constante lucha contra el narcotráfico en España, sino también la importancia de la cooperación internacional para combatir estas organizaciones criminales.