El Ayuntamiento de Arucas, ubicado en Gran Canaria, ha tomado medidas enérgicas contra una grave situación de vertidos ilegales en su territorio, impidiendo la proliferación de residuos dañinos. En este sentido, se ha iniciado un expediente que podría resultar en una multa de 30.050 euros a los culpables de arrojar escombros, entre los que se encontraron placas de fibrocemento con amianto, un material altamente peligroso, en diversas localidades del municipio.

La acción del Consistorio ha sido posible gracias al compromiso de la comunidad, que permitió identificar el vehículo involucrado en esta actividad ilegal. Esta colaboración ciudadana es un ejemplo de cómo los vecinos pueden desempeñar un papel crucial en la protección del medio ambiente y la salud pública.

Los vertidos se registraron en Acequia Alta y en el Pasaje El Abedul (Los Castillos) los días 29 de julio y 4 de agosto de 2025, acumulando alrededor de 80 sacos de desechos. La magnitud de este problema subraya la necesidad de una vigilancia constante y un esfuerzo comunitario para mantener la limpieza urbana.

La decisión del Ayuntamiento se sustenta en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos, así como en la Ley 7/2022, que regula los residuos y suelos contaminados en el marco de una economía circular. Este marco legal califica los vertidos como infracción muy grave, lo que demuestra la seriedad con la que se aborda el problema.

El Ayuntamiento también ha recordado a la ciudadanía que está prohibido arrojar escombros en los lugares habilitados para los contenedores y que existe un Punto Limpio en Montaña de Cardones donde se pueden entregar hasta 15 sacos diarios de forma gratuita y segura. Este recurso es fundamental para asegurar que los residuos sean gestionados de manera responsable.

Finalmente, se ha hecho hincapié en la peligrosidad del amianto, cuya manipulación incorrecta puede liberar fibras dañinas al aire y provocar enfermedades graves como el cáncer de pulmón y el mesotelioma. Por ello, la gestión de este tipo de residuos debe confiarse únicamente a profesionales autorizados, asegurando así la protección de la salud de todos los ciudadanos.