LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 de octubre. En el ámbito laboral, la contratación de trabajadores sin la debida regularización legal enfrenta severas sanciones administrativas impuestas por la Inspección de Trabajo, que pueden superar los 10.000 euros por cada infracción detectada. Sin embargo, hay circunstancias en las que esta práctica podría derivar en un delito penal, momento en el cual la Policía Nacional interviene en las investigaciones correspondientes.

A lo largo de este año 2023, aproximadamente 20 individuos han sido arrestados en la provincia de Las Palmas por la contratación de personal en situación irregular, con un notable número de casos concentrados en Lanzarote y Fuerteventura, según reportes de Europa Press.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional en la capital grancanaria, se ha identificado un aumento en estas vulneraciones de derechos laborales, especialmente en las islas menores, donde la incidencia de estas problemáticas ha crecido notablemente.

En Gran Canaria, se han realizado numerosas inspecciones laborales, tanto a nivel policial como en conjunto con la Inspección de Trabajo. Los resultados han mostrado un cumplimiento más riguroso de la normativa laboral en comparación con Lanzarote y Fuerteventura, donde las irregularidades son más comunes.

La UCRIF ha observado que las inspecciones han aumentado ligeramente, alcanzando las 452 en 2024, y hay que considerar también el notable incremento de la inmigración irregular en la región.

En lo que va del año, se han detectado cerca de 75 trabajadores en situación irregular en la provincia, desglosados en 46 en Fuerteventura, 26 en Lanzarote y entre dos y tres en Gran Canaria, según las fuentes consultadas.

Es importante destacar que la mayoría de los inmigrantes adultos que ingresan a España de forma irregular no pueden obtener permisos de trabajo hasta después de dos años, un plazo que anteriormente era de tres años. Sin embargo, los solicitantes de asilo pueden acceder a esta autorización en solo seis meses.

Las empresas que optan por contratar a trabajadores de manera irregular logran disminuir sus costos operativos, ya que evitan abonar las contribuciones a la Seguridad Social. Esto implica un fraude que incluye tanto las cuotas que el autónomo debe abonar como las que corresponderían a los empleados sin regularizar.

En uno de los casos recientes en Puerto del Rosario, Fuerteventura, cuatro individuos fueron detenidos bajo sospechas de haber cometido delitos laborales y de falsedad documental. Se acusó a los detenidos de emplear a personas en situación irregular en el sector hotelero, generando un beneficio anual estimado en más de 1,5 millones de euros.

Los empresarios implicados en estas irregularidades enfrentan sanciones administrativas que pueden oscilar entre 10.001 euros y hasta 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, según señalan desde la UCRIF.

Si se determina que existen factores agravantes, como un número elevado de trabajadores sin permisos en relación al total de la plantilla, reincidencias en la contratación irregular, o la explotación de empleados, se podría considerar que se están cometiendo delitos graves contra los derechos laborales.

Por otra parte, los trabajadores en situación irregular que son detectados pueden enfrentar multas de entre 501 y 10.000 euros o incluso ser expulsados del país, bien sea por su situación migratoria o por trabajar sin autorización.

En cuanto a quienes son contratados sin regularizar, se ha identificado un perfil diverso, aunque se destaca que la mayoría son extranjeros con un nivel educativo relativamente bajo, y su origen es principalmente sudamericano. En el caso de las mujeres, la contratación irregular es particularmente prevalente en el ámbito de los servicios domésticos.

Los sectores más afectados por estas prácticas laborales ilegales incluyen la construcción, la restauración, la hostelería y los servicios en general.