El miércoles 5 de septiembre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dirigió la atención hacia un preocupante fenómeno: el notable aumento en las llegadas de migrantes a través del mar, fenómeno que se ha intensificado este año, particularmente en las Islas Canarias. Durante su discurso en la apertura del nuevo año judicial, García Ortiz enfatizó la necesidad de optimizar la cooperación interinstitucional en las pesquisas sobre la inmigración irregular, destacando su complejidad debido a la conexión con la delincuencia organizada a nivel internacional.

En esta misma intervención, el fiscal general puso en relieve la importancia de la Unidad de Trata y Extranjería, que no solo se dedica a perseguir actividades delictivas relacionadas con la trata de personas, sino que también se esfuerza por garantizar los derechos de los migrantes en diferentes tipos de centros, ya sea de acogida, detenidos o de inadmitidos en aeropuertos.

García Ortiz subrayó la “especial relevancia” de atender a la creciente cantidad de niños, niñas y adolescentes que llegan solos y sin apoyo familiar, muchas veces estigmatizados por ciertos sectores de la sociedad y enfrentándose a un entorno desconocido. Este grupo vulnerable, según el fiscal, requiere una atención especial por parte de la sociedad.

El fiscal general subrayó que la forma en que respondemos, como comunidad, a las necesidades de migrantes, tanto adultos como menores, será un reflejo del juicio histórico que el futuro emitirá sobre nuestra sociedad. Recordó que la dignidad humana y el interés superior del menor son valores fundamentales que nos caracterizan como una democracia.

García Ortiz también se mostró consciente de que este inicio de curso judicial se produce en un contexto singular, dado su propio proceso judicial que lo involucra. Sin embargo, defendió firmemente su rol en la Justicia y reafirmó la resiliencia de la institución ante los ataques que pueda recibir.

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo, donde se llevó a cabo el evento, fue escenario de momentos tensos, con un público dividido entre aplausos y silencios. Esto es inusual en el contexto de estas ceremonias, ya que generalmente se guardan las formas de respeto hacia las intervenciones del fiscal general.

Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y cercano colaborador de García Ortiz, fue parte del grupo que decidió no aplaudir, junto con varios magistrados que adoptaron una postura similar, lo que desató un ambiente de tensión y reflexión en el ejercicio del poder judicial.

García Ortiz abrió su discurso recordando su honor al ocupar el cargo de fiscal general en un acto solemne, y subrayó su compromiso con la justicia y el estado de derecho. En un momento delicado de su carrera, se comprometió a seguir defendiendo la verdad y la independencia judicial, considerando estas como piedras angulares de su labor.

La controversia sobre su presencia en el acto no pasó desapercibida, con asociaciones cuestionando su participación y algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial expresando su preocupación. A pesar de los llamados a evitar su intervención, aquellos apoyando su presencia argumentaron que la ley lo requería.

En respuesta a las inquietudes sobre su situación legal, hizo un “humilde llamamiento” para fomentar el respeto por la Fiscalía y el trabajo de sus fiscales, describiendo esta institución como sólida y fundamental para el estado de derecho en el país. García Ortiz reafirmó la fortaleza del Ministerio Público, indicando su rechazo a dejarse intimidar por el crimen.

Continúo su alocución enfocándose en la Memoria Anual de la Fiscalía de 2024, la cual incluyó un análisis de datos clave que ilustran los desafíos que enfrenta la Justicia en España, especialmente en temas de violencia de género y protección de menores sin acompañamiento familiar.

Aprovechó la ocasión para celebrar los esfuerzos legislativos realizados para fortalecer el sistema de justicia en España, mencionando que las reformas propuestas son esenciales aunque haya quienes busquen excusas para evitar el cambio.

García Ortiz también se refirió a las transformaciones esperadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que busca transferir la supervisión de investigaciones penales a los fiscales, un cambio que, según él, exigirá una evolución en los procedimientos internos de la Fiscalía.

Insistió en que para una transición efectiva, es fundamental establecer un equilibrio donde los intereses individuales no superen lo colectivo. Reconoció que podría ser necesario, si se considera adecuado, restringir el poder del fiscal general, haciendo eco de los comentarios críticos que han surgido en torno a estas reformas.

Reiteró su fe en la Fiscalía como bastión para la ciudadanía y el estado de derecho, desmintiendo las percepciones de que este organismo es una mera extensión del poder político establecido. Aseguró que la Fiscalía se ha consolidado como un actor protector contra la corrupción y la delincuencia organizada, revelando su compromiso diario con la investigación y el trabajo en justicia.

Al concluir su discurso, destacó la creación de nuevas unidades especializadas para enfrentar la corrupción y otros delitos administrativos, resaltando la interconexión entre la corrupción y el crimen organizado, y cómo estos fenómenos afectan directamente a la sociedad en su conjunto.

En este sentido, subrayó que la delincuencia utiliza la corrupción como un medio para conseguir sus objetivos, lo cual perpetúa la impunidad y deteriora la confianza social en las instituciones, arrastrando consigo la estabilidad y la legalidad del entorno público.