En una reciente acción que ha generado controversia, Vox, representado por su portavoz en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, ha presentado un requerimiento formal ante la Capitanía Marítima. La solicitud busca una evaluación exhaustiva del barco de la ONG Open Arms, actualmente en Tenerife para realizar actividades informativas sobre la migración en el Mediterráneo.

La denuncia de Vox plantea que, en caso de detectarse cualquier "deficiencia o incumplimiento" en los estándares técnicos y de seguridad del buque, se tomen medidas inmediatas para paralizar sus operaciones. Esto afectaría tanto su función de búsqueda y rescate como sus actividades de divulgación.

Los argumentos de Vox se basan en la caracterización del barco como "alto riesgo" debido a su antigüedad y al historial de problemas asociados a la Fundación Proa-Proactiva, la entidad responsable del buque. Con más de 12 años de antigüedad, el barco ha enfrentado múltiples inmovilizaciones y sanciones en los últimos cinco años, lo que ha llevado a la propia organización a considerar su reemplazo.

Además, la denuncia expresa dudas sobre la legalidad de las operaciones de rescate de Open Arms, señalando la falta de autorización por parte del Gobierno español para llevar a cabo rescates en el Océano Atlántico. Se hace mención de incidentes pasados, donde se reconoció que el Open Arms no contaba con permisos para realizar rescates en el Mediterráneo, lo que le costó multas significativas.

En su declaración, Vox argumenta que las labores de búsqueda y rescate deberían ser una responsabilidad exclusiva de las autoridades estatales, sin que organizaciones privadas puedan participar. Esto se relaciona con un convenio firmado con el Gobierno de Canarias, que permitiría la intervención en operaciones de rescate bajo ciertas condiciones.

El partido también critica la presencia del barco en el puerto, sugiriendo que no es moralmente aceptable permanecer atracado esperando un llamado de embarcaciones que transporten migrantes que buscan ingresar ilegalmente al país. Subrayan que colaborar en ese proceso no es justificable por ningún motivo.

En cuanto a las actividades educativas y recreativas que el barco organiza, Vox considera que representan un potencial riesgo para los participantes. Argumentan que las exigencias técnicas y de seguridad de un buque dedicado a la educación no pueden compararse con las de uno utilizado para el transporte de pasajeros, lo que pone en duda la idoneidad de estas actividades en el contexto actual.