Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero. En un giro notable de acontecimientos, el Partido Popular (PP) ha decidido presentar alegaciones a la nueva ordenanza reguladora que establece la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos en la capital grancanaria. Esta medida busca prevenir lo que el PP describe como un "atraco" que podría perjudicar a los vecinos, una crítica directa a las acciones de la alcaldesa Carolina Darias y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La ordenanza, que fue aprobada recientemente por la junta de gobierno, estipula que cada propietario de un inmueble deberá abonar 149,33 euros anuales. Esta cifra surge de la adaptación de las ordenanzas fiscales municipales a la Ley 7/2022, del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados, que promueve una economía circular. Según el PP, esta normativa ahora deberá ser debatida en pleno, tal como se ha comunicado en una nota de prensa del partido.

El PP argumenta que la nueva ley "obliga" a los ayuntamientos y entidades privadas a implementar una tasa "específica y no deficitaria" que cubra los costos derivados de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, un enfoque que consideran perjudicial para los ciudadanos.

La portavoz municipal, Jimena Delgado, ha manifestado su desacuerdo con esta medida, calificándola como un “disparate” tanto por la creación de una tasa “injusta” como por el hecho de que Las Palmas de Gran Canaria se convierta en la quinta ciudad de España con un coste tan elevado por este concepto. Alertó sobre la situación alarmante que esto representa para el bolsillo de los grancanarios.

Delgado detalla que la tasa incluirá una cuota básica de 108,45 euros, a la que se añadirán recargos por la recogida y el tratamiento de residuos. En el caso de las viviendas vacías, solo se verán afectadas por la cuota básica, mientras que los inmuebles vacacionales enfrentarán tarifas que van de 131,69 a 403,08 euros, dependiendo del número de plazas.

Los negocios también sentirán el impacto de esta nueva normativa: los bares y cafeterías verán sus tarifas oscilar entre 148 y 455,83 euros, mientras que los restaurantes podrían enfrentar cargos de entre 261 y 1.714,20 euros. Por otro lado, los despachos profesionales deberán pagar 116,13 euros, mientras que los supermercados tendrán tarifas que varían de 608 a 939 euros.

De acuerdo con la OCU, Las Palmas de Gran Canaria se posicionará con la quinta tarifa más alta del país, solo superada por ciudades como San Sebastián, Gerona, Barcelona y Granada. Este dato subraya el impacto económico que la tasa tendrá en los ciudadanos.

En este sentido, la portavoz del PP local expresó su confusión acerca de por qué no se adopta un modelo similar al de otras ciudades, como Alicante, donde se tiene en cuenta el valor catastral de la propiedad para fijar las tasas.

La líder del PP criticó al PSOE, afirmando que el partido en el poder está llevando a cabo un “basurazo” que, sumado al reciente incremento en la tarifa del agua, resultará en una carga fiscal adicional de aproximadamente 200 euros anuales para los vecinos.

Desde la perspectiva del PP, el establecimiento de esta tasa representa lo que ellos consideran una "invasión" a la autonomía municipal, al restringir la capacidad de los ayuntamientos para elegir cómo financiar el servicio de gestión de residuos. Esto pone de relieve la tensión entre la normativa estatal y las decisiones locales.

Por último, los miembros del PP señalaron que existen alternativas viables para cumplir con la directiva europea que no se están explorando. Propusieron, entre otras medidas, incentivos fiscales para la donación de alimentos, la responsabilidad extendida del productor en la gestión de residuos, y una contratación pública sostenible que fomente la utilización de productos reciclados. Esta propuesta de ampliar el enfoque en la gestión de residuos refleja un camino más holístico y socialmente responsable hacia la sostenibilidad.