En el día de hoy, desde Santa Cruz de La Palma, se ha dado a conocer que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias tiene la intención de solicitar a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Transportes y Aena, que se valore la particularidad del archipiélago ante la reciente propuesta de aumentar en un 6,5% las tasas aeroportuarias que regirían a partir de 2026.

La inquietud por este incremento fue expresada el viernes por Pablo Rodríguez, consejero de la mencionada Consejería, y María Fernández, directora general de Transportes y Movilidad. Ambos señalaron que un aumento de tarifas podría provocar un notable "retroceso" en áreas críticas como el turismo, la movilidad de los ciudadanos y el costo de vida en las islas.

Rodríguez subrayó la importancia de Aena, destacando que con un 51% de su capital bajo control público, la decisión del Ministerio de Transportes es fundamental. "La conectividad no es un lujo, sino una necesidad esencial para nosotros, ya que impacta en nuestras vidas diarias, en el suministro, en la economía y, por supuesto, en el turismo, que representa el núcleo de nuestra actividad económica", enfatizó el consejero.

El consejero también recordó cómo, en ocasiones anteriores, la reducción de tasas aeroportuarias atrajo a más aerolíneas al mercado, lo que tuvo un efecto positivo en la conectividad y competitividad del archipiélago. "Este es un aspecto crítico de nuestra infraestructura aérea que no podemos pasar por alto", afirmó.

Además, Rodríguez recordó las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto de Autonomía que contemplan medidas compensatorias a favor de Canarias, dada su lejanía geográfica. Advierte que un incremento en las tasas sería un paso atrás que podría profundizar el aislamiento de las islas.

De forma proactiva, el consejero indicó que el Gobierno regional interrogará a Madrid sobre la eventual aplicación uniforme del aumento de tasas en todos los aeropuertos, y de ser así, abogará por que Canarias reciba excepciones o beneficios específicos.

Asimismo, Rodríguez urgió a avanzar en la implementación del artículo 161 del Estatuto de Autonomía, el cual establece la posibilidad de que el archipiélago participe en la gestión de su infraestructura aeroportuaria. "Es imprescindible que no permanezcamos al margen de decisiones que inciden directamente en nuestra conectividad y calidad de vida”, concluyó.

Por su parte, María Fernández, la directora de Transportes y Movilidad, destacó que el proceso de decisión aún está abierto y que hay oportunidades para abogar por los intereses del archipiélago. "La resolución final no se tomará hasta septiembre, ya que debe ser revisada por el Consejo de Administración de Aena y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aún tenemos tiempo para evitar un trato desigual hacia Canarias, y exigimos que se reconozca nuestra insularidad en este proceso", finalizó Fernández.