El modelo de "macrocentros" para menores migrantes en Canarias ha suscitado importantes críticas por parte de Amnistía Internacional, que ha puesto de manifiesto problemas como el hacinamiento, la falta de formación del personal y la violación de derechos básicos. Según un informe presentado en el Parlamento de Canarias, estos centros, que albergan a más de ochenta menores, se enfrentan a una alarmante "descoordinación" entre las distintas administraciones y organismos de seguridad y justicia.

Durante su intervención, Virginia Álvarez, responsable de investigación de la organización, destacó que muchos de estos jóvenes son víctimas de graves abusos, incluidos la explotación laboral y la violencia sexual. Particularmente preocupante es el caso de las menores, que a menudo son captadas por redes de trata en su búsqueda de una vida mejor. Álvarez ha estado monitoreando la situación en las Islas desde 2021, año en que se intensificó el flujo migratorio hacia las costas canarias, revelando la alarmante vulnerabilidad de estos menores.

El informe de Amnistía documentó actos de violencia hacia los menores en estos centros, donde las condiciones no cumplen con las normativas pertinentes, como el límite de 20 plazas por centro; por ejemplo, hay uno en Tenerife que alberga más de 400 personas. La falta de evaluaciones personalizadas y de programas educativos adecuados ha sido igualmente denunciada, dejando a muchas de estas personas sin el apoyo necesario.

Además de los que escapan de conflictos armados en países como Mali o Sudán, hay menores que provienen de regiones como Senegal o Marruecos, donde también enfrentan situaciones de violencia que justifican su búsqueda de protección. La responsable de Amnistía ha exigido que se garantice que cada menor sea escuchado y que tenga acceso a información y asistencia legal gratuita.

Álvarez enfatiza que las instituciones deben asegurarse de no infrigir los derechos de estos jóvenes, proporcionando las necesidades básicas como atención, alojamiento y formación adecuada, así como soluciones para su integración en la sociedad. También resaltó la importancia de formar a todos los profesionales que trabajan con estas comunidades, incluidos policías, médicos y abogados.

La organización ha subrayado un grave "fallo de responsabilidad compartida" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en lo que respecta a la gestión y distribución de los menores. En este sentido, valoran positivamente la reciente decisión del Tribunal Supremo de obligar al Estado a asumir la responsabilidad sobre quienes solicitan asilo.

A pesar de reconocer la falta de capacitación de muchos trabajadores, Álvarez argumentó que esto no puede ser una excusa para dejar de actuar; instó al Gobierno canario a mejorar la formación y aumentar las inspecciones, que han sido escasas en los últimos años. Además, afirmó que se está vulnerando la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), ya que los menores no cuentan con la confidencialidad necesaria para presentar denuncias.

En una crítica contundente, Álvarez condenó la utilización de menores como "herramienta política" y lamentó los discursos que estigmatizan a estas poblaciones. Hizo un llamado a las fuerzas políticas a moderar su lenguaje para evitar más división social. Aunque estimó que el sistema de acogida canario está al límite de su capacidad, expresó confianza en que se pueda mejorar con un enfoque más individualizado en la atención a los menores.

Sobre el tema del racismo, Álvarez planteó que la falta de atención mediática a los menores ucranianos acogidos en España contrasta significativamente con el debate en torno a los menores africanos. "No hay un escrutinio político respecto a ellos, ¿es porque son rubios?", cuestionó, sugiriendo un sesgo en la percepción pública y política.

Asimismo, demandó a la Unión Europea mayor transparencia en su relación con países africanos donde ocurren graves violaciones de derechos humanos, advirtiendo que el dinero destinado a estos acuerdos a menudo termina en manos de dictadores. Insistió en la necesidad de crear vías legales y seguras para la migración, reafirmando que nadie debería arriesgar su vida en este proceso.

En relación a los obstáculos que enfrentan los africanos para obtener visados, citó el caso de un músico senegalés que lleva cinco años tratando de reunir a su familia. Señaló que la estrategia de cerrar fronteras solo conducirá a la repetición de problemas, ya que otros flujos migratorios, como los provenientes de Oriente Medio, continuarán emergiendo.

Finalmente, discutió el pacto migratorio de la UE, advirtiendo que si no se gestiona correctamente, Canarias podría verse en una situación crítica. Además, alertó sobre el aumento de la migración femenina, quienes son particularmente vulnerables a agresiones sexuales y a caer en manos de redes de trata. “La UE necesita reflexionar sobre cómo está gestionando la migración”, concluyó.