El Gobierno español pedirá al Tribunal Supremo el visto bueno para reubicar a menores migrantes asegurando sus derechos legales.

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 de julio** – En un importante avance en el tratamiento de la crisis de menores migrantes no acompañados, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, anunció hoy que el Gobierno español tiene la intención de solicitar la autorización del Tribunal Supremo para facilitar el traslado de estos jóvenes. Esta medida pretende garantizar todos los derechos y la protección necesaria, priorizando siempre el bienestar de los menores.
La decisión de recurrir al alto tribunal se hace eco del "rechazo continuo" mostrado por algunas comunidades autónomas, lo que ha llevado a la administración central a buscar salvaguardas legales que aseguren la correcta protección Jurídica de estas personas vulnerables. Este anuncio se realizó durante una reunión del Comité Interadministrativo entre el Gobierno español y el canario, cuyo objetivo es dar cumplimiento a la reciente orden del Tribunal Supremo sobre la acogida de menores migrantes en el archipiélago canario.
Además, el Gobierno español comunicó su intención de aprobar una declaración de emergencia, que será presentada en el próximo Consejo de Ministros, con el fin de destinar 40 millones de euros a la reubicación de menores solicitantes de asilo. Con esto, también se prevé la creación de 1.200 nuevas plazas en diversas partes de España, con el propósito de aliviar la presión sobre las instalaciones en Canarias.
Por otro lado, el Ejecutivo canario ha informado sobre la acreditación de la entidad que gestionará la atención a los menores en el centro de Canarias 50, un recurso que depende del Ministerio de Migraciones. Se ha indicado que las obras de adecuación para habilitar esta instalación, que el año pasado recibió a mujeres y familias en un área separada, estarán finalizadas el 22 de julio, de manera que se pueda iniciar la acogida de menores de forma inmediata.
El Gobierno español reafirma, así, su compromiso de cumplir con los plazos acordados y el plan presentado ante el Tribunal Supremo, que incluye la ejecución de los primeros traslados antes de que finalice el mes de julio. En este importante proceso de colaboración interadministrativa participan los ministerios de Política Territorial, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior, e Infancia y Juventud.
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