En un contexto alarmante para la gestión de los menores migrantes no acompañados, Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, ha expresado su grave inquietud respecto a las decisiones del Ejecutivo central en este ámbito. Este martes, tras una reunión del comité interadministrativo, Rodríguez no ocultó su frustración al denunciar la lentitud y falta de atención del Estado hacia los derechos de estos jóvenes que buscan protección internacional.

La funcionaria explicó que el Tribunal Supremo ha dictado que estos menores tienen derecho a acceder al Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. Sin embargo, las recientes acciones del Gobierno central parecen desoír este mandato, ya que se han intensificado las resoluciones sobre las solicitudes de protección, llevando a muchos menores a quedar excluidos del sistema debido a decisiones desfavorables en un tiempo récord.

Rodríguez también subrayó la “aceleración extrema” en la tramitación de solicitudes por parte del Ministerio del Interior, destacando que este fenómeno no solo es preocupante, sino que pone en riesgo el bienestar de los menores, quienes confiaban en su derecho a una adecuada protección. La realidad es que estos jóvenes ahora enfrentan el riesgo de ser despojados de sus oportunidades, lo que contraviene los principios de protección establecidos por el Tribunal Supremo.

Además, la directora general hizo referencia a la situación con el Ministerio de Inclusión, que ha frenado el progreso de Canarias al plantear el uso de recursos limitados para el alojamiento de menores en el archipiélago. Rodríguez enfatizó que cualquier propuesta que implique que los menores permanezcan en las islas, en lugar de acceder a la península, es inaceptable. Esta postura, dijo, desafía no solo las premisas básicas de protección, sino también el requisito de eliminar el hacinamiento en los centros de acogida.

Frente a la inminente declaración de emergencia prevista para el 22 de julio, que promete la creación de 1.200 plazas de protección internacional, Rodríguez exigió respuestas claras sobre la disponibilidad y localización de estas plazas. Además, cuestionó cuándo se trasladarían los menores que ya han manifestado su intención de avanzar en su proceso migratorio hacia Madrid.

La situación se complica aún más, ya que, según Rodríguez, el progreso es escaso y lo único que se espera es un nuevo oficio del Estado que brinde información adicional sobre los 250 menores que ya están en la red de acogida infantil. Hasta ahora, estos jóvenes se encuentran a la espera de evaluaciones que les permitan acceder a sus derechos de protección internacional.

“Decepcionante es poco para describir el desenlace de esta reunión”, indicó Rodríguez, quien recordó que han pasado casi cuatro meses desde que el Tribunal Supremo instó al Estado a garantizar el acceso a la protección internacional en un plazo de diez días. Actualmente, trabajando con cifras concretas, Rodríguez apuntó que de los 946 menores que teóricamente están en la red de protección, ninguno ha logrado obtener una plaza de protección internacional efectiva.

Finalmente, Rodríguez resaltó la falta de respuestas del Estado respecto a si los menores en los centros de acogida de Canarias están recibiendo la protección internacional que les corresponde. Ante el silencio del Gobierno central, la directora reiteró que, hasta que no se les asigne una plaza, estos menores seguirán desprotegidos.