En Las Palmas de Gran Canaria, el Colectivo de Aspirantes Afectados por la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha presentado una reclamación formal a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública. Esta acción busca la anulación del proceso selectivo, que consideran "viciado" desde su inicio, en virtud de la Resolución emitida el 9 de noviembre de 2023.

Los aspirantes, en su comunicación, argumentan que es necesario declarar nula la totalidad del proceso y que las pruebas se repitan ante un tribunal "imparcial". Sostienen que existen fundamentos suficientes para considerar que el proceso está contaminado desde su origen.

Los solicitantes han denunciado lo que califican como una "vulneración flagrante" de las normas de abstención por parte del presidente del tribunal, además de señalar un cúmulo de irregularidades que han afectado tanto el anonimato de los exámenes como la cadena de custodia de los mismos.

El colectivo centra sus críticas en el presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta Hernández, afirmando que no ha cumplido con su deber de abstenerse. Aseguran que las bases de la convocatoria prohíben que aquél que haya estado vinculado a la preparación de opositores en los cinco años previos pueda formar parte del tribunal, y sostienen tener evidencia de que Acosta Hernández está relacionado con una academia de preparación de opositores.

Además, resaltan que este individuo se encargaba de la enseñanza en dicha academia y presentan como prueba "irrefutable" el hecho de que en 2020 publicó un temario de preparación específica para el CGPC, dentro del plazo prohibido por las normas de la convocatoria.

El argumento principal del colectivo es que la imparcialidad del proceso se ve comprometida desde el start debido al nombramiento de alguien que ha estado directamente involucrado en la preparación de aspirantes.

Por otro lado, señalan un "caos procedimental" que se deriva de la quebrantación del anonimato, sumando a esto una serie de deficiencias que indican una falta de rigor en el manejo del proceso. Lamentan que alegaciones jurídicas sólidas contra aproximadamente quince preguntas del examen tipo test fueran desestimadas de manera genérica, sin argumentación individualizada.

Concretamente, el tribunal desestimó las alegaciones de manera generalizando, afirmando haber comunicado sus descargos de manera anticipada en fechas que no coinciden con la realidad, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.

Por si fuera poco, se han hallado códigos de examen duplicados, lo que genera sospechas de irregularidades en el manejo de los exámenes. Algunos aspirantes encontraron que el mismo código aparecía en aulas diferentes, con calificaciones totalmente dispares, lo que pone en cuestión la integridad del proceso.

Además, se han reportado modificaciones manuales de códigos de examen que rompen con el principio de anonimato, y durante un acto público reciente, se evidenció la posible desaparición de documentos de exámenes, generando profundas inquietudes sobre la trazabilidad de los resultados.

En consecuencia, el colectivo ha solicitado de manera formal a la Consejería que declare nula la totalidad de las actuaciones del tribunal, exigiendo que el proceso regrese a sus etapas iniciales y se designe un nuevo tribunal calificador que garantice la legalidad, la transparencia y la imparcialidad que esta situación demanda.