El 20 de octubre, desde Las Palmas de Gran Canaria, Matilde Asián, la consejera de Hacienda y Relaciones Europeas, subrayó el compromiso del Gobierno de Canarias con la elaboración de un presupuesto para 2026 que prevea un gasto significativo de 12.491 millones de euros, manteniendo la deuda pública por debajo del 10% del PIB. Asián hizo un llamado al gobierno central para que adapte su normativa a la normativa europea, la cual resulta ser mucho más flexible que las restricciones actualmente impuestas a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Asesor del Presidente, donde se discutió la propuesta de presupuesto del Gobierno para la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo año.

En este importante encuentro participaron figuras destacadas del ámbito empresarial y sindical, tales como el presidente de la CEOE, Pedro Alfonso Martín, y su secretaria general, Elena Vela; así como los líderes de las cámaras de comercio y de los sindicatos UGT y CCOO en Canarias, quienes llevaron a la mesa sus perspectivas sobre la situación económica actual.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, el vicepresidente Manuel Domínguez y otros consejeros, como Jéssica de León y Candelaria Delgado, también estaban presentes, reafirmando el compromiso del Ejecutivo de abordar los retos económicos del archipiélago.

Asián argumentó que la elaboración del presupuesto del 2026 estará influenciada en gran medida por la normativa del Estado, la disciplina fiscal vigente y la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“Es vital que asuma esta disciplina fiscal, pero no podemos pasar por alto que el Gobierno de España aún no ha establecido una senda clara para la consolidación financiera”, enfatizó la consejera, destacando la presión que enfrenta el Gobierno de Canarias al tener que proyectar un superávit del 0,1% del PIB.

Además, la consejera señaló que la falta de definición de la tasa de crecimiento del PIB por parte del Estado obliga a Canarias a trabajar con una proyección del 3,3%, impuesta a través de una orden ministerial, que no refleja la realidad económica del archipiélago.

“Desde 2023, estas cifras han sido fijadas y no responden a nuestras circunstancias actuales. Esto representa un desafío considerable para Canarias, donde deseamos aumentar el gasto social, en un contexto donde el crecimiento del PIB está estancado”, añadió Asián.

La consejera destacó que el estancamiento económico que atraviesa Canarias es más pronunciado que en otras regiones de España debido a su dependencia del turismo. “Cuando el sector turístico crece, nosotros crecemos más; pero cualquier alteración en este ámbito nos afecta de manera más severa”, comentó.

A pesar de estos desafíos, Asián reafirmó que el gasto previsto es de 12.491 millones de euros y que se busca mantener la deuda pública bajo el 10% del PIB. “Esperamos que el Estado reevalúe las normativas aplicadas actualmente para alinearlas con las que establece Europa, que ofrecen mayor flexibilidad para los gobiernos locales y autonómicos”, concluyó.