En un intenso intercambio en la comisión parlamentaria de esta semana, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha expresado su preocupación por la falta de claridad que rodea la elaboración del presupuesto para el próximo año. La funcionaria ha destacado que el Ejecutivo trabaja “con el ojo tapado” al no contar con información actualizada sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se encuentran prorrogados desde hace dos años, lo que limita la previsión del techo de gasto y las metas de déficit.

Asián no escatimó en críticas hacia el Gobierno central, denunciando la pérdida de 226 millones de euros en transferencias de capital que deberían haber llegado a las Islas y cuya ausencia afecta a programas esenciales, como el plan de empleo para La Palma y proyectos de vivienda y sostenibilidad turística.

La consejera también manifestó su inquietud respecto al modelo de condonación de deuda, que incluye partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF), y expresó su deseo de que cualquier futura reforma del sistema de financiación autonómico no resulte perjudicial. “Virgencita que me quede como estoy”, bromeó, pero su tono indicaba la seriedad de la situación.

En relación con los próximos presupuestos autonómicos, Asián prometió una elaboración “prudente”, asegurando que el gasto social será el eje central. Asimismo, defendió la necesidad de impulsar un nuevo modelo económico y cumplir con los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation, que expiran en 2026.

A pesar de la creciente recaudación, impulsada por la inflación y el turismo, la consejera señaló que existe una desproporción en la distribución de los ingresos. Su administración se compromete a evitar que se amplíen las desigualdades entre los ciudadanos, resaltando que la participación local en el éxito del turismo es crucial. Sin embargo, descartó la implementación de una tasa turística por considerar que podría ser injusta para los residentes, a raíz de un reciente fallo del Tribunal Constitucional.

Por su parte, Manuel Hernández del PSOE criticó la gestión presupuestaria del actual Gobierno canario, calificada como “oportunidades perdidas” para arreglar problemas estructurales en la comunidad. Afirmó que los presupuestos anteriores han resultado perjudiciales para el interés general y que, a pesar de que el 70% de los fondos se destina a gasto social, persisten dudas sobre su efectividad en cumplir con las leyes de servicios sociales y otros compromisos clave.

Hernández advirtió que el presupuesto parece estar más enfocado en mantener la estabilidad interna del Gobierno que en la gestión efectiva. También subrayó que, pese a la situación de recursos récord, los ciudadanos no sienten esos beneficios debido a una “política fiscal dolorosa” que afecta a los más desfavorecidos, llamando a los líderes a tener “coraje político” para atender la pobreza creciente.

Fernando Enseñat del PP se sumó al debate señalando que la ausencia de un PGE actualizado crea un entorno de incertidumbre que resulta “irresponsable” por parte del Gobierno de Sánchez. Hizo un llamado a que los futuros presupuestos prioricen los servicios públicos y el gasto social, a la par que sugirió que se continúe con la reducción de impuestos, aunque reconoció las limitaciones que enfrenta el Gobierno regional debido a su negativa a flexibilizar la regla de gasto.

Enseñat también destacó la disminución de 250 millones en el plan de alivio fiscal en los últimos dos años y se opuso a la propuesta del PSOE de establecer una tasa por pernoctación, argumentando que esta medida afectaría desproporcionadamente a los residentes, tal como ha sucedido en otras comunidades autónomas como Cataluña y Baleares.