En una reciente comparecencia ante el Parlamento de Canarias, la Fiscal Superior de la región, María Farnés Martínez, expresó su preocupación por los desafíos que enfrenta la determinación de la edad de los menores migrantes que arriban a las islas. Aseguró que el plazo de 15 días establecido por la reforma de la ley de extranjería es problemático y difícil de cumplir.

Martínez destacó que, en ausencia de una evaluación precisa de la edad, la responsabilidad recaerá en las comunidades de acogida, lo que podría llevar a que algunos jóvenes sean clasificados erróneamente como adultos. Resaltó que lo ideal sería contar con un sistema efectivo que permita identificar rápida y correctamente a los menores y adultos para garantizar su bienestar.

Tomando como referencia las complicaciones que enfrentan algunos jóvenes de entre 15 y 18 años, que a menudo no tienen documentación, la fiscal mencionó que el proceso de establecer su edad puede ser frustrante y prolongado. En particular, explicó que en lugares como El Hierro, los procedimientos requieren que estos jóvenes sean trasladados a Tenerife, lo que fácilmente puede hacer que se rebase el plazo legal establecido.

La fiscal afirmó que, idealmente, una evaluación rápida de la edad debería permitir que estos migrantes sean trasladados a la Península una vez que se haya determinado su estatus. Sin embargo, el proceso actual está lejos de ser eficiente.

Además, Martínez abordó el hecho de que muchos migrantes no tienen claro su edad debido a la falta de un registro civil confiable en sus países de origen. Esta incertidumbre, sumada a las difíciles circunstancias que enfrentan, puede llevar a algunos a presentarse como menores con la esperanza de facilitar su integración y protección en España.

En cuanto a la memoria sobre la actividad fiscal, indicó que, aunque los índices delictivos han aumentado, esto no se produce en un nivel alarmante. Sin embargo, reconoció que el aumento en la llegada de migrantes ha incrementado la carga de trabajo en áreas como la extranjería y la trata de personas, lo que conlleva un mayor esfuerzo en la determinación de la edad y las investigaciones correspondientes.

Martínez también subrayó que, a pesar del aumento de la inmigración, no se ha observado un incremento en la criminalidad asociado a estos flujos migratorios, tanto en las fiscalías como en los servicios de guardia.

Otro tema relevante que tocó la Fiscal fue el crecimiento de delitos en el entorno de las redes sociales, tanto en situaciones de acoso entre menores como en casos que involucran a mujeres adultas. Según ella, es comprensible dado que las redes sociales han reemplazado gran parte de la comunicación entre personas de todas las edades.

En relación a las infraestructuras judiciales, la fiscal señaló que existe una notable diferencia entre Tenerife y Gran Canaria, poniendo de relieve la precariedad de las instalaciones en algunos ámbitos, especialmente en lo que respecta a la atención a víctimas de violencia de género. Lamentó la falta de espacios apropiados y acogedores para las mujeres que han sufrido agresiones, donde puedan realizar sus declaraciones sin condiciones adversas.

Por último, cuando se le preguntó sobre la situación del medio ambiente, Martínez observó un notable descenso en el número de denuncias, aproximadamente 50 menos que en años anteriores. Atribuyó esta disminución a que el año pasado había habido una considerable cantidad de diligencias vinculadas a una reparcelación en el sur de Tenerife, lo que había elevado temporalmente los reportes de actividad ambiental.