En una reciente rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reafirmó que la responsabilidad sobre la tutela de los menores que buscan asilo recae en las comunidades autónomas, y no está sujeta a discusión. Según él, esta postura está respaldada por diversas instancias judiciales y fiscales, como la Fiscalía de Menores de Canarias y el Tribunal Constitucional, que han dejado en claro que la tutela no debe transferirse al Gobierno central.

Las declaraciones de Torres se dieron en el contexto de la respuesta del Gobierno español a un requerimiento del Tribunal Supremo, que instaba a la administración a tomar medidas en relación con más de mil menores que han llegado a Canarias solicitando asilo. A pesar de los desafíos que enfrenta el archipiélago, Torres enfatizó que los protocolos de acogida deben manejarse con cuidado y en coordinación con el Gobierno de Canarias, reconociendo de esta manera el hacinamiento existente.

El ministro destacó la importancia de una respuesta diferenciada para cada menor, algunos de los cuales han vivido durante años en el archipiélago, asistiendo a la escuela y estableciendo vínculos sociales significativos. Torres subrayó que, aunque se vela por el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo, cada caso debería ser considerado individualmente para atender las necesidades de cada menor, teniendo en cuenta su situación familiar y social.

Ante la pregunta sobre si el Estado proporcionará recursos adicionales para garantizar la protección internacional de estos menores, Torres afirmó que sí, en concordancia con lo acordado con el Gobierno de Canarias. Se busca encontrar soluciones que permitan a aquellos que no permanezcan en el archipiélago acceder a las redes de apoyo a nivel nacional.

Respecto a la reciente convalidación del Real Decreto-Ley que modifica la Ley de Extranjería, el ministro lo calificó de un logro significativo que responde a las necesidades de los menores extranjeros no acompañados y que representa una reivindicación que lleva más de tres décadas en el horizonte político de España, particularmente en las comunidades fronterizas como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía, Baleares y Murcia.

Torres no dejó de agradecer la colaboración de los grupos políticos que apoyaron esta medida, aunque lamentó la oposición del Partido Popular y de Vox, calificando esta postura de "incoherente" dada su presencia en numerosas comunidades que enfrentan esta realidad. Aseguró que desde ahora, todos los territorios del país tienen el deber de actuar de forma solidaria ante la llegada de menores migrantes.

En respuesta a posibles acciones legales por parte del PP o de comunidades donde gobiernan, Torres cuestionó las alternativas que proponen, subrayando la insostenibilidad de permitir que menores permanezcan en solo algunas regiones, dejando a otros territorios con una carga desproporcionada. Afirmó que, con la nueva legislación en vigencia, habrá mecanismos claros para asegurar que se cumpla en todas partes, incluso en aquellas comunidades que se opongan.

En cuanto a la organización de la distribución de menores migrantes, el ministro anunció una conferencia sectorial para el próximo 28 de abril, donde se establecerán criterios en colaboración con los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias. Según Torres, es crucial asegurar que todos los documentos y procedimientos relacionados con estos menores estén en orden.

Finalmente, el ministro alertó sobre la posibilidad de sanciones legales para aquellas comunidades que no cumplan con sus obligaciones, pero confió en que no será necesario recurrir a tales medidas. Remarcó que, en la política, el cumplimiento de la ley es esencial, y expresó su optimismo de que todas las comunidades actuarán en conformidad con la legislación que ha sido aprobada y convalidada por el Congreso de los Diputados.