El reciente cierre de un supermercado en Tenerife ha puesto de manifiesto serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en nuestra comunidad. El incidente, que ocurrió en el Polígono Industrial de Las Chafiras, ha llevado a la incautación de 25 toneladas de alimentos que, lamentablemente, no son aptos para el consumo humano.

Las autoridades involucradas en esta operación han sido el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), junto con el Servicio de Sanidad de Canarias, quienes realizaron una exhaustiva investigación que culminó en la clausura del establecimiento. La Guardia Civil ha informado que el propietario ha sido acusado de un delito contra la salud pública, además de enfrentar un expediente administrativo debido a las graves irregularidades que se encontraron.

La inspección se llevó a cabo tras el avistamiento de prácticas sospechosas que ponían en riesgo la salud de los consumidores. Esto llevó a un despliegue conjunto con el Servicio Canario de Salud para garantizar una revisión exhaustiva del local, un proceso que se extendió por más de cinco horas.

Durante la indagación, se descubrieron diversos productos alimentarios, incluyendo carnes, conservas, productos manufacturados y pescado congelado, todos ellos sin las mínimas condiciones de higiene requeridas para su venta. Estos artículos estaban expuestos en estanterías, congeladores y cámaras frigoríficas, listos para ser adquiridos por los incautos clientes, carentes de etiquetas que indicaran su origen.

Particularmente alarmante fue el hallazgo de carne en mal estado, que o bien había sobrepasado su fecha de caducidad o carecía completamente de etiquetado, lo que impedía cualquier posibilidad de rastrear su origen y composición. De igual forma, se encontró pescado congelado que no solo carecía de etiquetas identificativas, sino que también presentaba fechas de consumo preferente ya superadas. Algunos de estos productos mostraban signos de haber sufrido alteraciones por la ruptura de la cadena de frío.

Un elemento que destacó en la inspección fue el atún rojo, que se halló en porciones de dos a tres kilogramos, envasado por el propio establecimiento y sin ninguna información que garantizara su legal procedencia. Además, se encontraron numerosas piezas enteras de esta especie sin etiquetar dentro de una cámara frigorífica, lo que suscita aún más dudas sobre la responsabilidad del establecimiento ante tales irregularidades.

Finalmente, luego de que los técnicos del Servicio Canario de Salud constatara que toda la mercancía no era apta para el consumo humano, se procedió a la retirada de estos alimentos de la venta. Su destino será la destrucción, llevada a cabo por un gestor autorizado, asegurando de esta forma que productos tan inseguros no lleguen a las mesas de los consumidores.