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Sargento del Ejército del Aire no puede cambiar su registro de sexo para mejorar su carrera

Sargento del Ejército del Aire no puede cambiar su registro de sexo para mejorar su carrera

Un juez ha denegado la solicitud de un hombre, sargento del Ejército del Aire, de ser registrado como mujer en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria. Según el magistrado, el solicitante pretendía beneficiarse de la discriminación positiva y obtener ventajas laborales al poder ascender a subteniente por esta vía. El juez ha afirmado que el objetivo del solicitante no se ajustaba a la Ley Trans que garantiza los derechos de las personas trans y LGBTI.

Esta decisión se basa en una directriz de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que establece que se debe evitar el fraude de ley o el abuso de derecho en las rectificaciones registrales relacionadas con el sexo y el género. Tras una comparecencia con el interesado, la autoridad judicial ha concluido que la solicitud del solicitante no se ajusta al objetivo de la ley y busca obtener beneficios jurídicos destinados a promover la igualdad a través de la discriminación positiva. Además, se ha constatado que no ha habido ningún cambio físico en el solicitante y que este no ha solicitado el cambio de nombre.

El auto del magistrado también destaca que el solicitante se identifica en masculino y no muestra ninguna expresión de género que indique una voluntad real de vivir como mujer. Aunque afirma sentirse mujer, no desea que se le trate como tal hasta que se rectifique su sexo. Además, el solicitante ha manifestado desconocimiento de los colectivos de apoyo a personas trans y no ha expresado la necesidad de apoyo psicológico.

La resolución subraya que el uso fraudulento de la ley y la obtención de beneficios diferentes a los previstos en la normativa son contrarios al ordenamiento jurídico y muestran un desprecio hacia la dignidad de las personas trans, cuyo reconocimiento como un derecho humano ha sido una lucha larga y tardía.

Es importante mencionar que el artículo 11.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados y tribunales deben rechazar las peticiones que tengan un manifiesto abuso de derecho o que supongan un fraude de ley o procesal.