En un reciente desarrollo en las Islas Canarias, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha tomado una decisión que marca un hito en el tratamiento de inmigrantes en la región. Este lunes, la jueza Silvia Muñoz ordenó la liberación inmediata de 44 de los 49 inmigrantes que habían sido localizados en una embarcación, quienes fueron trasladados al puerto de Lanzarote por un armador. Sin embargo, la medida impuesta les limita a designar un domicilio para efectos de notificaciones.

La magistrada dictó esta resolución después de evaluar las declaraciones de los inmigrantes y considerar que no existían razones legales que justificaran su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), a pesar de haber recibido un oficio del Gobierno que solicitaba dicha medida. Muñoz argumentó que la situación particular de estos migrantes, quienes han solicitado asilo político, impide su internamiento, excepto en circunstancias de salud pública o seguridad.

Aunque se reconozca que estos individuos se encuentran en una situación irregular, la jueza enfatizó que eso no debe llevar automáticamente al internamiento, sugiriendo en cambio alternativas más adecuadas que garanticen el cumplimiento de cualquier posible sanción administrativa, como el seguimiento policial de su ubicación.

Además, en su análisis, la jueza destaca la naturaleza humanitaria de la situación, subrayando que no hay evidencia que sugiera que estos inmigrantes intentaban entrar de manera ilegal al país. Los 49 ocupantes de la embarcación, que actuaron por motivos de supervivencia, fueron encontrados anclados a un cable mientras navegaban bajo la bandera de Países Bajos, en condiciones que requieren atención y compasión.

El barco había zarpado el 29 de julio desde Dakar, Senegal, con el destino final en el puerto de Antewerpen, Bélgica. Esto refuerza la posición de la magistrada, quien concluye que el internamiento no es la medida más efectiva en este contexto y aboga por enfoques más apropiados en asuntos migratorios.

No obstante, esta decisión no es definitiva, ya que se pueden presentar recursos de reforma y apelación en un plazo de tres días, tanto por los inmigrantes como por el Ministerio Fiscal. Por otro lado, se ha informado que cinco personas no han sido llevadas a disposición judicial debido a diversas circunstancias: uno está hospitalizado, dos han solicitado asilo en la frontera y otros dos son menores de edad.