El pasado 22 de enero, en una jornada marcada por importantes decisiones en el Pleno del Congreso, PP, Vox y Junts unieron fuerzas para rechazar un decreto ley ómnibus propuesto por el Gobierno. Este decreto contemplaba, entre otros aspectos cruciales, medidas para la revalorización de las pensiones, la extensión de las ayudas al transporte público, la prohibición de cortes de suministros básicos para personas en situación de vulnerabilidad y apoyo a los damnificados por la DANA y la reciente erupción en La Palma.

Los representantes del resto de las fuerzas políticas en el hemiciclo se manifestaron a favor del decreto, mientras que UPN optó por la abstención. Curiosamente, el exministro José Luis Ábalos, quien ahora forma parte del Grupo Mixto, no estuvo presente durante la votación.

El resultado de la votación fue contundente: 177 votos en contra frente a 171 a favor, lo que significó la derogación inmediata del decreto que el Gobierno había aprobado en diciembre y que ya estaba en pleno funcionamiento. Esto implica que todas las medidas contenidas en él han quedado anuladas.

Como consecuencia de esta decisión, se suspende la prevista subida del 2,8% en las pensiones contributivas y en las pensiones de clases pasivas para el año 2025, dejando a la espera la determinación del Gobierno sobre qué acciones emprender a continuación. Además, las pensiones mínimas y no contributivas no experimentarán el aumento del 6% que se había anticipado, ni tampoco se incrementará en un 9% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El decreto también incluía la extensión de las ayudas al transporte público hasta junio de 2025, además de la prohibición de cortes de suministros esenciales y desahucios para aquellos en situación vulnerable, así como otras asistencias para quienes sufrieron las consecuencias del temporal DANA.

En defensa de las medidas incluidas en el decreto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, habló desde su escaño en el Congreso, subrayando la "extraordinaria y urgente" necesidad de cada una de las medidas propuestas. Bolaños enfatizó: "Si votan en contra de este real decreto ley, están afectando negativamente las pensiones, eliminando ayudas al transporte público y desatendiendo a los afectados por la DANA en Valencia".

El grupo del PP, por su parte, justificó su rechazo al decreto argumentando que incluía una disposición que cede un palacete en París al PNV, que actualmente alberga la sede del Instituto Cervantes en Francia. Durante el debate, el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, ya había anticipado que no apoyarían el decreto, cargando contra lo que llamó un “proyecto de recortes y chantaje”.

Bravo, además, instó al Gobierno a buscar el apoyo de sus socios parlamentarios, sugiriendo que, si cuentan con una mayoría progresista, deberían someterse a una cuestión de confianza y presentar los Presupuestos. “Si no pueden gobernar, que convquen elecciones y devuelvan el poder a los ciudadanos”, declaró contundentemente.

Momentos después de las afirmaciones de Bravo, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, anunció en el debate de otro texto que su formación votaría en contra de todos los documentos que se discutieran ese día en el Congreso. Posteriormente, el PP ratificó su voto negativo hacia el decreto ómnibus.

A pesar de que muchas formaciones habían expresado su intención de respaldar la convalidación del decreto, también se hicieron eco de críticas hacia el Gobierno por el uso "excesivo" de esta figura y por amalgamar en un mismo texto medidas de naturaleza tan diversa.

Durante el turno correspondiente al Grupo Mixto, Cristina Valido de Coalición Canaria subrayó que este enfoque complica la posibilidad de lograr una postura clara del resto de los grupos y convierte al público en víctima de la "angustia" de no saber si las medidas serían finalmente aprobadas. En este mismo sentido, Néstor Rego del BNG reprochó al Ejecutivo el uso frecuente de la figura del decreto.

Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua enfatizó que la ciudadanía "no debe ser el precio a pagar por las maniobras de cálculo político de unos y otros". Aclaró que la falta de aumento en las pensiones, la eliminación de descuentos en el transporte público, y la prevalencia de cortes de suministros y desahucios de familias vulnerables, son decisiones que perjudican directamente a la población.

Finalmente, en el turno de Esquerra Republicana (ERC), Inés Granollers criticó al Gobierno por integrar una variedad tan amplia de temas en un solo decreto, lo que complica el debate y la responsabilidad que deben asumir los grupos parlamentarios al decidir su voto sobre cuestiones que son tan significativas para la vida diaria de los ciudadanos.