En un nuevo episodio de denuncia contra la gestión del Ejecutivo anterior, los diputados José Alberto Díaz-Estébanez de Coalición Canaria y Luz Reverón del Partido Popular han solicitado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias en torno a lo que han denominado el "caso Torres". Ambos esperan obtener el respaldo unánime de la Cámara para llevar a cabo esta indagación, resaltando las presuntas "chapuzas" y "falta de control" durante la pasada Legislatura.

La solicitud de esta comisión fue presentada este miércoles por los grupos parlamentarios Nacionalista y Popular, quienes buscan esclarecer los detalles relativos a la compra de mascarillas y material sanitario en las islas durante la crisis sanitaria. Las cifras y contratos investigados son alarmantes: desde un pago anticipado de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca llegaron, hasta contratos millonarios vinculados a antiguos cargos políticos. Incluso la Fiscalía de Las Palmas se ha querellado contra cuatro empresarios por posibles delitos financieros y malversación en transacciones que superan los 22 millones de euros durante la pandemia.

Entre los principales objetivos de la comisión se encuentra esclarecer los entresijos de estos casos, con un enfoque especial en la compra de material sanitario. José Alberto Díaz-Estébanez enfatizó la importancia de priorizar estas investigaciones por encima de posibles irregularidades societarias. La propuesta deberá ser calificada por la Mesa del Parlamento y se espera que se vote en la próxima sesión plenaria luego del "Debate sobre el Estado de la Nacionalidad".

En el trasfondo de esta solicitud, queda latente el malestar por los 474 días que han transcurrido desde el intento anterior de crear una comisión similar, que fue rechazada por el "Pacto de Las Flores". Díaz-Estébanez denunció la maniobra de dilatar el proceso con el fin de escapar a la rendición de cuentas, acusando al grupo socialista de buscar "tiempo e impunidad" para sus acciones durante la crisis sanitaria.

Por su parte, Luz Reverón destacó la gravedad de los hechos investigados, estimando el monto total de los contratos bajo escrutinio en alrededor de 45 millones de euros. La compra de material sanitario durante la pandemia se ha convertido en el símbolo de una gestión gubernamental precipitada y carente de control, reflejando lo que considera como el Gobierno "más deshonesto y despilfarrador" en la historia de Canarias.

Estos casos de presunta corrupción han despertado un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas, señalando la necesidad de que el ex presidente Ángel Víctor Torres brinde explicaciones sobre su papel en la gestión de la crisis sanitaria. Para Reverón, es inaceptable que no haya salido a defenderse y asumir su responsabilidad en medio de las acusaciones.