Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio. Cáritas Diocesana de Canarias, que celebra su septuagésimo aniversario este año, emitió una grave advertencia en su última rueda de prensa, donde destacó que su capacidad para atender a las personas vulnerables se ha visto comprometida debido a dificultades económicas crecientes y a una alarmante mercantilización de la vivienda.

Durante la presentación de su Memoria Anual 2024, la organización expuso que la situación actual limita su capacidad para satisfacer las necesidades de aquellos que más lo requieren en la provincia de Las Palmas. Este contexto ha llevado a Cáritas a tomar medidas drásticas, como activar una línea de crédito y reorganizar su estructura, a raíz de una caída del 24% en las donaciones y la falta de apoyo adecuado por parte de las administraciones públicas.

Los costes de vida se han disparado, impactando especialmente en el sector de la vivienda. En este sentido, Cáritas ha tenido que enfocar sus esfuerzos en asegurar la unidad familiar de quienes solicitan su ayuda, priorizando lo esencial en tiempos cada vez más críticos.

Gonzalo Marrero, director de la entidad, subrayó la difícil realidad a la que se enfrentan muchas familias, quienes ya no pueden asumir el coste de un alquiler, poniendo en riesgo su estabilidad y dignidad. “Muchas de estas familias se encuentran en un punto crítico”, explicó en la rueda de prensa.

El Obispo de la Diócesis de Canarias y presidente de Cáritas, José Mazuelos, también se pronunció sobre la situación económica que enfrenta la organización, enfatizando que la pobreza se ha intensificado y que las dificultades para atender a los más vulnerables son cada vez más acuciantes.

“Alzamos la voz porque los niveles de pobreza han aumentado y Cáritas se enfrenta a una realidad cada vez más complicada que requiere una respuesta urgente”, sostuvo Mazuelos, resaltando que la crisis habitacional, el trabajo precario y el encarecimiento del coste de vida han hecho que tanto las familias como la propia organización enfrenten retos sin precedentes.

Ante este panorama, Cáritas Diocesana de Canarias ha lanzado un llamado a la solidaridad ciudadana y a las instituciones públicas y empresas privadas, recordando que detrás de cada cifra hay historias y rostros que merecen una vida digna. “La solidaridad se vuelve imprescindible”, afirmó Marrero, quien advirtió que, por segundo año consecutivo, la organización experimenta déficit, lo que la obliga a buscar financiamiento para continuar su labor.

Marrero también destacó que es insostenible que Cáritas asuma de manera recurrente responsabilidades que deberían recaer en las administraciones públicas, quienes deben abordar de forma directa las necesidades sociales o garantizar recursos suficientes a organizaciones como la suya.

Con un enfoque en las familias más desfavorecidas, el Obispo José Mazuelos hizo un llamamiento a todos los sectores de la sociedad para que se unan a esta causa que cumple 70 años de compromiso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En el año 2024, Cáritas Diocesana de Canarias atendió a 7.478 hogares, lo que representa a 22.836 personas cuyas realidades se han vuelto notablemente más complejas. "Las familias que antes podían sostenerse están viendo forzadas a buscar ayuda urgente para cubrir sus necesidades básicas", indicaron desde la organización.

También se resaltó cómo la situación de las personas migrantes se ha complicado aún más por la falta de autorización de residencia vigente y permisos de trabajo, lo que limita severamente sus oportunidades de conseguir empleo o una vivienda digna. “El 54% de los hogares atendidos en 2024 son de origen migrante, y un 57% se encuentra en situación administrativa irregular”, señaló Caya Suárez, secretaria general de la organización, subrayando que esta incertidumbre es especialmente crítica para los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y quedan en un limbo jurídico.