El Parlamento de Canarias ha dado un paso significativo en la promoción de la ciencia en el archipiélago al aprobar el inicio de la tramitación de una nueva ley que busca modernizar y fortalecer el sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la región. Sin embargo, este avance ha estado marcado por las críticas de la oposición, que señalan la escasa participación de las universidades públicas en la elaboración del proyecto.

Durante la sesión, la consejera de Universidades, Cultura y Ciencia, Migdalia Machín, enfatizó que la ciencia es clave para el progreso social y económico de las islas. La nueva legislación pretende no solo mejorar la coordinación del sistema de I+D+i, sino también ofrecer una visión precisa del ecosistema científico en Canarias.

Entre los puntos destacados de la ley, Machín mencionó los incentivos fiscales y la simplificación de procesos administrativos, así como el compromiso de aumentar la inversión en I+D+i hasta alcanzar el 3% del PIB para 2030. La consejera también subrayó la necesidad de establecer un marco financiero plurianual a través del Plan Canario de I+D+i.

La consejera instó a los legisladores a proceder con celeridad para evitar que la aprobación de la ley se retrase, resaltando la importancia de contar con una base sólida para el desarrollo científico en las islas.

Por su parte, Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, destacó que la ley representa una "oportunidad" para afianzar el compromiso con la ciencia, aunque cuestionó la falta de inclusión de las universidades en su redacción. Hernández hizo un llamado a incorporar las necesidades planteadas por estas instituciones y a eliminar un enfoque excesivamente mercantilista en la financiación de la ciencia.

La diputada expresó su preocupación por la ausencia de medidas concretas que aborden la precaria situación laboral de los investigadores, advirtiendo que sin un apoyo claro, el sistema de investigación canario podría verse debilitado.

Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, defendió la ley como un marco elaborado a partir de consensos y no de improvisaciones, subrayando la urgencia de transformar el modelo productivo de Canarias. El éxito de este objetivo, según Mendoza, radica en que la ciencia y la innovación sean componentes esenciales en lugar de opciones secundarias.

La diputada también resaltó que la nueva legislación no se limitará a buenas intenciones, ya que establece un sistema de financiación coherente y una reducción del exceso de burocracia, que a menudo ahoga las iniciativas científicas.

Además, Mendoza abogó por la inclusión de principios éticos y de sostenibilidad, especialmente en lo que respecta a tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, asegurando que su uso deberá ser responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Desde el partido Vox, Nicasio Galván respaldó la necesidad de esta ley, mientras lamentó que las universidades no hubieran colaborado en su elaboración. Recalcó la importancia de unir esfuerzos en lugar de afrontar la ciencia desde una perspectiva de confrontación.

Galván advirtió sobre los compromisos presupuestarios prometidos a lo largo de la historia, instando a un desarrollo económico equilibrado que no ignoren la importancia del turismo ni se rinda ante fanatismos climáticos.

María Isabel Saavedra, del Partido Popular, celebró lo que considera un avance firme hacia un marco normativo que potencie la ciencia y el talento, subrayando la necesidad de una cogobernanza efectiva y una planificación estratégica que incluya a todos los actores involucrados.

Cristina Calero, del Grupo Nacionalista, volvió a recordar el compromiso de la ley de abordar las demandas del sector científico, destacando la intención de simplificar la normativa que, a su juicio, se había vuelto obsoleta tras casi 25 años de vigencia.

Calero también alertó sobre la necesidad de abordar la brecha de género en el ámbito científico, abogando por políticas que fomenten la transferencia de conocimiento y que eviten complicaciones burocráticas que puedan espantar iniciativas de I+D+i.

Por último, Alicia Pérez, del PSOE, manifestó que, si bien la ley es necesaria, el texto actual no falla en reconocer adecuadamente a las universidades canarias, responsables del 95% de la producción científica de la región. Pérez instó a los grupos que apoyan al Gobierno a abrirse al diálogo y buscar un consenso que resulte en una ley más robusta y completa.