En una jornada clave para el Archipiélago canario, el Consejo de Gobierno de Canarias ha dado un paso firme al respaldar, este lunes, la demanda unificada de los siete consejos insulares. Buscando la declaración de interés general para 127 obras hidráulicas, este ambicioso plan supone una inversión total de 1.401 millones de euros y es un requisito esencial para ser integrado en el contrato de obras hidráulicas del Estado, facilitando así su financiamiento a través de los Presupuestos Generales, tal como estipula la actual normativa en materia hidráulica.

Este acuerdo fue el resultado de intensas negociaciones entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y los cabildos, durante la reunión extraordinaria de la comisión permanente del agua llevada a cabo el 28 de noviembre. Durante este importante encuentro, las corporaciones insulares manifestaron su apoyo unánime a la necesidad de establecer un nuevo convenio de obras con el Gobierno central, teniendo en cuenta que el anterior, firmado en 2017 por 915 millones de euros, nunca se cumplió.

Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, destacó en una rueda de prensa que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 152, otorga a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para planificar y programar obras de interés general que se definan en el convenio de colaboración correspondiente. Esto resalta la importancia del empoderamiento regional en la gestión de recursos hídricos.

Las leyes que rigen el agua, tanto la del Estado como la de Canarias, establecen que esas obras de interés general sean propuestas por el gobierno autónomo, mientras que su ejecución y financiamiento deben ser acordados con la Administración General del Estado, cubiertos con los presupuestos generales de la nación.

Miranda subrayó la magnitud de la deuda que enfrenta la Isla frente al Estado, indicando que los 1.400 millones que se están exigiendo solo representan el 35% de la inversión total requerida para actualizar las infraestructuras hidráulicas del Archipiélago, que, de acuerdo con la reciente planificación hidrológica, implica 1.525 actuaciones valoradas en un global de 3.981 millones de euros.

La lista de proyectos que serán planteados en la negociación del convenio con el Estado incluye una amplia variedad de objetivos, desde asegurar el abastecimiento hídrico para la población y el sector primario, hasta la mejora de las redes de saneamiento y la depuración de aguas residuales. Esto incluye también iniciativas para atender las advertencias de la Comisión Europea relacionadas con incumplimientos en estas áreas, así como proyectos destinados a prevenir inundaciones en zonas urbanas.

Miranda también recalcó que, desde hace seis años, el Estado ha fallado en sus compromisos, lo que ha llevado a que el archipiélago enfrente una crisis hídrica severa, con tres islas actualmente bajo la declaración de emergencia hídrica. Adicionalmente, criticó que el protocolo firmado en diciembre de 2018, que preveía una inversión de 915 millones para la próxima década, nunca se ha concretado.

En este sentido, el consejero ha manifestado la urgencia de entablar conversaciones con la nueva titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por lo que considera esencial la firma de un nuevo convenio debido a las crecientes necesidades en el ámbito hidráulico, al tiempo que ha calificado como insuficientes los 20 millones aportados durante los dos últimos años por el Gobierno central en forma de subvención.

“Es imperativo buscar financiamiento por todos los medios posibles, y el convenio es la opción más adecuada”, concluyó Miranda, haciendo hincapié en la importancia crítica de asegurar un futuro sostenible para el recurso más vital: el agua.