SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 de septiembre. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado hoy su firme oposición a la condonación de deuda para las comunidades autónomas, anunciando una “lucha” tanto en el ámbito jurídico como político para evitar su implementación.

Clavijo enfatizó que, como representante de su Gobierno, no puede respaldar esta medida. Tras reunirse con diferentes grupos parlamentarios, su objetivo es conseguir apoyo para desarrollar una estrategia que impulse al Gobierno central a revisar los criterios de distribución de la deuda.

El presidente subrayó que la condonación debería aplicarse bajo un mismo criterio para todos los ciudadanos españoles, priorizando la población ajustada, de modo que no haya desigualdades entre regiones. “No somos ni más ni menos que otros, y si no se aplica así, estaríamos haciendo que los canarios paguen la deuda de Cataluña”, advirtió.

En sus declaraciones, Clavijo señaló que su administración no será cómplice de ninguna medida que comprometa el futuro de los ciudadanos canarios ni que agrave la ya difícil situación social en el archipiélago.

A pesar de sus preocupaciones, Clavijo se mostró cauto hasta conocer el acuerdo definitivo aprobado por el Consejo de Ministros, reconociendo, sin embargo, que la comunidad canaria cuenta con un respaldo mayoritario en la Cámara para solicitar un modelo de condonación de deuda más equitativo.

El presidente destacó que Canarias ha logrado reducir su deuda en los últimos años, a diferencia de otras comunidades como Cataluña, cuya deuda ha aumentado considerablemente en la última década. “Es curioso que se busque condonar precisamente a quienes no han gestionado bien sus cuentas”, agregó.

Clavijo también cuestionó el acuerdo presentado, argumentando que resulta injusto para Canarias, ya que la comunidad no fue invitada a “la fiesta” de la condonación y, por el contrario, el resultado podría costarles significativamente en comparación a los demás.

Reiteró que los canarios han sido responsables y rigurosos con el control de sus finanzas públicas, y lamentó que la falta de recursos impida mejorar áreas fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, aunque su gobierno ha actuado con seriedad.

Además, calificó la condonación de deuda como un “eufemismo” que en realidad traslada el peso de la deuda a todos los contribuyentes españoles, y señaló que impone criterios discriminatorios al fijar un límite que deja fuera a 1.700 millones de euros de la condonación total.

El presidente también expresó preocupación por la reforma del sistema de financiación autonómica y destacó que Canarias está lista para abordar este desafío con un enfoque unificado, con excepción de la oposición de Vox, para confrontar las posturas del Ministerio de Hacienda que no parecen reconocer las singularidades canarias.

El vicepresidente regional, Manuel Domínguez (PP), defendió que el archipiélago es un modelo de diálogo y unidad, y resaltó que todos los ciudadanos canarios tienen derecho a ser tratados en igualdad con el resto de sus compatriotas españoles, especialmente en lo que respecta a acuerdos de financiación.

Dijo que el nuevo acuerdo limita las posibilidades de las islas al establecer un tope del 50% de la deuda, afirmando que esto genera una desigualdad severa que debe ser corregida.

Desde la Agrupación Socialista Gomera, el portavoz adjunto Jesús Ramos coincidió en que el sistema de financiación requiere una revisión a fondo y que el gobierno debe trabajar en conjunto con los grupos parlamentarios para resolver la situación.

En referencia a la condonación, añadió que podrían estar penalizando a las comunidades que han cumplido con sus obligaciones, como es el caso de Canarias, posición que su grupo sostiene con firmeza.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, compartió similar preocupación, indicando que el acuerdo de condonación impactará negativamente en la atención a los servicios básicos en las islas y erróneamente premiará a quienes no han administrado sus cuentas adecuadamente.

Por otro lado, el representante de Vox, Nicasio Galván, desestimó el debate sobre financiación autonómica como frágil y enfatizó la necesidad de abordar la reducción de gastos en lugar de seguir buscando incrementar el gasto público.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, enfatizó la existencia de un acuerdo para un nuevo sistema de financiación en Canarias, pero advirtió sobre la importancia de no desviarse de la unidad existente en el Parlamento.

José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista, instó a seguir luchando por una reforma justa que considere la deuda per cápita y no limite la condonación a un 50%, ya que eso castiga a quienes han manejado adecuadamente sus cuentas.

Sebastián Franquis, del Grupo Socialista, apoyó las demandas de los canarios mientras distanció a su grupo de cualquier confrontación con el Gobierno central, indicando que el acuerdo debiera reflejar un equilibrio justo entre las comunidades.

Finalmente, hizo un llamado a la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), para que defienda los intereses de Canarias sin claudicar en las negociaciones.