La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha lanzado un llamado urgente para que los fondos derivados de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas se destinen exclusivamente a la mejora de las políticas sociales. Esta solicitud surge en un contexto donde la financiación para sectores cruciales como sanidad, educación y servicios sociales ha disminuido notablemente en la última década.

Un estudio reciente revela que Canarias ha sido una de las comunidades autónomas que más ha incrementado su inversión en políticas sociales, con un aumento del 35,5% entre 2019 y 2024, lo que equivale a 883,3 millones de euros adicionales. Sin embargo, a pesar de este progreso, el archipiélago aún se encuentra por detrás en el gasto por habitante, dedicando 3.363,3 euros por persona, un monto que se encuentra por debajo de la media nacional.

Comparando datos más antiguos, desde 2009, el gasto social en las islas ha crecido un 48,2%, lo que representa 883,5 euros más por residente. Desglosando este aumento, la inversión en sanidad se ha elevado un 31,9%, en educación un 35,2% y los servicios sociales han experimentado el mayor incremento, con un 71,5% en los últimos cinco años.

Ante este panorama, la Asociación ha señalado la necesidad de reorientar el uso de los recursos financieros provenientes de la condonación de la deuda, cuya carga creció en 315 millones de euros solo este año, alcanzando un total de 40.640 millones. Esta cifra resulta alarmante, pues equivale al doble del gasto total en servicios sociales y representa el 50% de lo destinado a sanidad.

Los expertos argumentan que la eliminación de una porción significativa de esta deuda —aproximadamente 85.000 millones de euros— podría traducirse en un refuerzo sustancial de las políticas sociales, permitiendo recuperar los recortes que han afectado a estos sectores en los últimos años.

El informe resalta las disparidades en la inversión social entre diferentes comunidades. En este sentido, Madrid se erige como la región con la menor inversión per cápita, con 574 euros menos que la media nacional. Le siguen Cataluña y Andalucía, mientras que Navarra, el País Vasco y Extremadura destacan por su alta inversión en servicios sociales por habitante.

La situación se ha complicado aún más este año, ya que la proporción del presupuesto destinado a políticas sociales ha disminuido en 8 puntos porcentuales en comparación con 2010. Esta tendencia es alarmante, y aunque las comunidades autónomas han presentado un incremento presupuestario en general, los fondos asignados para el bienestar social han sufrido recortes significativos.

A pesar de que, en términos generales, todas las comunidades han aumentado su inversión en políticas sociales en los últimos cinco años, las diferencias en el ritmo de crecimiento son notables. Extremadura, Canarias y Navarra han liderado este aumento, mientras que comunidades como Cataluña, Murcia y Madrid presentan cifras mucho más bajas.

Sorprendentemente, el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad ha decrecido desde 2012, pasando de un 37,3% a un 30,9%. En educación, la diferencia es menos pronunciada pero igualmente preocupante, con una caída del 3,5% en el mismo período. Aunque los servicios sociales han visto un ligero aumento en su proporción, este es insuficiente para responder a las crecientes necesidades sociales.

Los gerentes de servicios sociales han expresado su preocupación, señalando que, a pesar de la recuperación económica, el mayor aumento en los presupuestos no se ha dirigido a políticas sociales, sino que se ha dispersado en otras áreas. Esta situación evidencia una tendencia de disminución en la orientación social de los presupuestos de las comunidades autónomas, lo cual es preocupante dado el contexto de crisis sanitaria y social que aún persistimos.

El análisis concluye que, a pesar de que los gastos en políticas sociales han aumentado en un 28,2% en total, el desbalance respecto a otras políticas es evidente. De hecho, el crecimiento en áreas no sociales ha sido mucho más significativo, con incrementos que superan el 40%. Sin duda, la realidad económica de 2024 obligará a un replanteamiento de prioridades en el uso de los recursos públicos si se desea avanzar hacia un modelo más justo e igualitario.