Las Palmas de Gran Canaria, 6 de septiembre. En un importante avance hacia la preservación del medio ambiente y la seguridad pública, el Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local ha revelado la presencia de varios talleres ilegales de reparación de vehículos en el barrio de Los Tarahales. Estas operaciones clandestinas se llevaban a cabo en una parcela privada, cerrada al acceso público.

Según los informes de la Policía, la investigación surgió a raíz de denuncias sobre al menos tres talleres que funcionaban sin autorización. La operación requirió un despliegue exhaustivo de vigilancia, incluyendo el uso de drones, y culminó con la identificación de los responsables involucrados en estas actividades irregulares.

Durante la intervención, se detectó la producción y almacenamiento de residuos peligrosos de origen industrial en el recinto, los cuales suponen un grave riesgo de inflamación, explosión y corrosión. Todo ello se realizaba sin las mínimas medidas de seguridad y control que la normativa establece, poniendo en riesgo la salud pública y el entorno.

Además, los agentes hallaron más de un centenar de vehículos en el local, de los cuales uno había sido reportado como robado. Este vehículo fue recuperado y será devuelto a su propietario, destacando así la importancia de la acción policial en la lucha contra el delito y la promoción de la legalidad.

Este no es un caso aislado; en 2022, la misma unidad policial ya había llevado a cabo una acción similar que resultó en el cierre de nueve talleres ilegales en esta misma área. A pesar de las acciones anteriores, el seguimiento a esta actividad ha sido necesario, lo que subraya la persistencia de la problemática.

Ante la reaparición de estos talleres, además de denuncias a los responsables, los agentes también han denunciado al propietario del terreno por usarlo para fines que contravienen las normativas urbanísticas vigentes, las cuales prohíben el desarrollo de actividades industriales en ese lugar.

Las multas impuestas por la Policía Local en materia de industria, actividades clasificadas y gestión de residuos superan los 100.000 euros, y los talleres deberán cesar sus operaciones y adaptarse a la legislación correspondiente.

La intervención contó con la colaboración de diversas unidades de la Policía Local, incluyendo el GOIA-UE, la Unidad territorial de Zona Ciudad, la Unidad de Tráfico y la UNIDRON de Telde, evidenciando así un esfuerzo conjunto para enfrentar estos desafíos en la comunidad.