Los residentes afectados por la erupción del volcán 'Tajogaite' en La Palma han expresado su frustración ante el ritmo insuficientemente lento del proceso de recuperación, al tiempo que claman por la creación de una ley integral que defina claramente el camino hacia el futuro de la isla.

Desde que la actividad volcánica se dio por concluida en la festividad de Navidad de 2021, hace tres años, muchos de los afectados empezaron a visualizar la necesidad imperiosa de establecer una legislación específica para los acontecimientos volcánicos que, debido a la geografía del archipiélago, son una realidad inevitable.

Mientras las secuelas de la erupción, que duró 85 días y obligó al desalojo de 7.000 personas, aún pesan sobre la población —cubriendo más de 1.200 hectáreas con lava y destruyendo cerca de 1.700 edificaciones, de las cuales más de 1.300 eran viviendas— se comenzó a gestar una Iniciativa Legislativa Popular. Esta iniciativa se registró en el Parlamento de Canarias en septiembre de 2023, respaldada por más de 19.000 firmas, evidenciando la urgencia y el apoyo social por una regulación adecuada.

A pesar del respaldo unánime de los siete grupos parlamentarios para tramitar la propuesta, el deseo de los promotores de contar con su aprobación en la última sesión plenaria de diciembre no se concretó, lo que reflejó la vigente necesidad de una respuesta más ágil y efectiva ante la tragedia sufrida. Este retraso es un recordatorio del tiempo que han pasado sin una respuesta adecuada, justo cuando se iba a conmemorar el final de la erupción.

Algunos grupos han manifestado la necesidad de extender el plazo para incluir enmiendas y ajustes al proyecto original. Juan González, uno de los portavoces de la comisión promotora, ha calificado esta petición como algo positivo, señalando que el interés demostrado por los diputados sugiere que la ley avanzará aunque su aprobación se demore.

El propósito principal de esta ley es asegurar, de manera retroactiva, una serie de derechos fundamentales para quienes sufrieron las consecuencias de la erupción. Esto es crucial, ya que actualmente existe un vacío legal que pone en riesgo una recuperación justa y digna, garantizando que las compensaciones se efectúen en función del valor real de lo perdido, y no de estimaciones que no reflejan la tragedia vivida.

Juan González, en una declaración a Europa Press, se refirió a la inquietud que genera la posible reactivación volcánica, especialmente con el 'Enmedio' mostrando actividad y la reciente aparición de movimientos sísmicos en Tenerife. Estos factores aumentan la urgencia por establecer un marco legal que respalde a los afectados, aportando la seguridad que actualmente les falta.

Fuentes de los grupos parlamentarios han confirmado que se han solicitado extensiones hasta el 4 de febrero para presentar enmiendas, lo que abre la posibilidad de acelerar el proceso de tramitación y aprobación de la ley en la próxima sesión, teniendo en cuenta que el mes de enero es inhábil para estos fines legislativos.

En el marco del tercer aniversario del fin de la erupción, Juan ha expresado su desánimo al señalar que la situación ha empeorado: "Estamos otra vez peor", ha dicho, haciendo hincapié en que las tasaciones de propiedades aún no están completadas y que no se han recibido pagos en concepto de compensaciones. A pesar del cambio en el Gobierno de Canarias, la situación no ha evolucionado, y aún quedan numerosos aspectos que deben ser rectificados para afrontar las secuelas de la catástrofe de manera efectiva.

La incapacidad para avanzar a un ritmo apropiado es palpable: "Va todo muy, muy lento, y es realmente difícil recuperarse así", ha manifestado, reflejando la desilusión de aquellos que todavía están sin vivienda, enfrentándose a la devastación de sus hogares y viviendo en condiciones de precariedad en casas prefabricadas.

A pesar de la angustia y la frustración que viven los afectados, las instituciones públicas parecen enfocarse en la narrativa de reconstrucción. El Gobierno central, por su parte, ha publicado cifras que indican la movilización de más de 1.000 millones de euros en ayuda a la isla. Esta semana, en un Consejo de Ministros, se anunció la extensión de diversas ayudas, incluyendo ERTE, aplazamientos de cuotas de Seguridad Social y la exención de impuestos en ciertas áreas afectadas, buscando ofrecer algún alivio a una comunidad que clamó por justicia y por un futuro más esperanzador.