El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha expresado su preocupación por la urgente necesidad de un acuerdo que garantice la justicia en la región, llamando la atención sobre la "lacra" que representa la violencia hacia la infancia y la adolescencia. En un escenario donde la sociedad demanda reformas profundas, Lorenzo enfatiza que esta problemática debe convertirse en una prioridad.

Durante una reciente presentación de la memoria anual ante el Parlamento, Lorenzo no escatimó en críticas hacia la administración gubernamental en relación a la creación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Según él, la demora en este proyecto es "exasperante" y no se puede atribuir exclusivamente a la actual Consejería, ya que se trata de un "problema crónico" que persiste en el tiempo.

El líder del TSJC calificó de "indignante" la situación actual de los juzgados de violencia contra la mujer en Tenerife, señalando la falta de personal y de condiciones adecuadas que garanticen la privacidad necesaria para las víctimas. A corto plazo, Lorenzo exigió soluciones concretas para abordar esta crisis en el sistema judicial.

La falta de explicaciones razonables por las demoras en la adaptación del 'Edificio Auditorio', que debería agrupar a los órganos judiciales de la capital, fue otra de sus preocupaciones. Este espacio no se espera que esté operativo antes de 2027 o 2028, lo que considera un "retraso inaceptable".

A pesar de reconocer las complejidades urbanísticas de Cabo Llanos, Lorenzo defendió que la tardanza en la construcción de la Ciudad de la Justicia "no es justificable". Con un claro llamado a la acción, pidió la creación de un ambicioso plan de infraestructuras judiciales que contemple mejoras no solo en Santa Cruz, sino también en otras localidades como Puerto del Rosario y La Palma, entre otras.

Referente a la elevada litigiosidad en Canarias, que se mantiene como la más alta del país, Lorenzo subrayó que esto refleja una "complejidad social, económica y territorial" que requiere atención urgente. Con más del 60% de los juzgados sobrecargados, el presidente del TSJC ve en esto un desafío estructural que necesita abordarse de inmediato.

Las estadísticas del año 2024 revelan un aumento significativo en los asuntos judiciales, con un total de 219.059 en el ámbito civil, un 16% más que el año anterior, y en otras jurisdicciones, los números también son alarmantes. Lorenzo hizo hincapié en los problemas que sufren los institutos de medicina forense, donde las dilaciones en la entrega de informes son "inaceptables" debido a la escasez de personal.

En un esfuerzo por mejorar la situación, Lorenzo reclamó la firma de un 'Pacto Canario por la Justicia', una propuesta que el Grupo Socialista volvió a plantear ante el Parlamento un año después de su primera presentación. “Es fundamental que este pacto no se quede en un simple interés, sino que se traduzca en un aumento real de recursos", afirmó Lorenzo.

El presidente del TSJC también abordó el poco avance en la modernización judicial, señalando que los recursos materiales y humanos siguen siendo insuficientes. La falta de inversión en tecnología, sumada a las demoras en la tramitación de casos, pone en tela de juicio la efectividad del sistema.

Uno de los focos de atención en su discurso fue el proyecto pilotado en el Juzgado Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ocupa de casos de violencia contra la infancia. Lorenzo lo describió como un grave problema social que requiere atención inmediata. A pesar de ello, solo se están creando tres secciones especializadas en todo el país, dejando a Canarias sin un refuerzo en este ámbito crítico.

Finalmente, no perdió la oportunidad de abogar por el reconocimiento de la Real Audiencia de Canarias, que celebra su quinto aniversario y que representa un hito en la historia del derecho español al ser el primer tribunal establecido fuera de la Península. Este reconocimiento es esencial para avanzar hacia un sistema judicial más justo y equitativo.