Moeve dice que puede meter biocombustibles en la luz de Canarias: ¿cuándo?
Moeve asegura que puede usar biocombustibles en la luz de Canarias y reducir emisiones. Depende de un decreto estatal y del precio que acabe pagando el ciudadano.
La petrolera Moeve asegura que ya tiene capacidad para usar biocombustibles en la generación eléctrica de Canarias. Lo dice su director en el archipiélago, Carlos Giner Monleón, y la promesa es clara: ir apagando las emisiones que hoy salen de las centrales.
La clave está en Huelva. Moeve construye allí lo que describe como el mayor complejo de biocombustibles del sur de Europa. Según la empresa, de ahí podría salir el combustible que sustituya al fósil en las islas, siempre que se den varias condiciones a la vez.
La primera condición no depende de la empresa. Hace falta un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que permita cambiar la forma en que se contabiliza la quema de estos combustibles, pasando de fósil a renovable. Sin ese cambio legal, la propuesta no se puede aplicar. Y ahí el propio directivo admite que todo depende de la voluntad de las administraciones.
La segunda condición es el precio. Giner Monleón reconoce que el biocombustible solo bajará de coste si se produce a gran escala. Mientras eso no ocurra, el kilo o el litro saldrán más caro que el fósil, y alguien tendrá que pagar la diferencia.
¿Qué significa esto para ti? Si tu recibo de la luz depende de las centrales de combustible, cualquier cambio de combustible acabará notándose en la factura. Si la transición se hace bien, Canarias podría emitir menos CO2 sin dejar de tener electricidad estable. Si se hace mal, el coste podría acabar en el bolsillo de las familias sin que el medio ambiente mejore lo prometido.
El directivo también vincula todo esto con el turismo. Quiere vender un archipiélago descarbonizado como atractivo para el visitante. La idea suena bien, pero el propio Giner Monleón admite que llevará tiempo: no se va a hacer en cinco minutos.
Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno central y del Gobierno canario. Lo que conviene vigilar es si el real decreto llega, en qué plazos y con qué garantías sobre el precio final. Los ciudadanos deberían pedir a sus representantes públicos datos concretos: cuántas toneladas de CO2 se reducirían, cuánto costará y quién lo pagará. Las promesas están bien, pero las cifras son las que cuentan.