En Santa Cruz de La Palma, la Diputación del Común ha decidido examinar la situación del campamento de Cueva Laya, la comunidad chabolista más grande del sureste de Gran Canaria, tras recibir solicitudes de ayuda por parte de los habitantes que allí residen.

La institución ha emitido un comunicado donde informa que el próximo viernes, 5 de septiembre, se llevará a cabo una reunión con los miembros de la plataforma que representa a estos residentes, con el objetivo de abordar sus preocupaciones y necesidades.

Para facilitar este proceso, la Diputación del Común ha formado un equipo de mediación liderado por Ana de León, adjunta de Igualdad, junto con la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora Silvina Dragonetti, quienes se encargarán de investigar a fondo la situación de los ocupantes.

A los residentes se les ha solicitado toda la documentación pertinente para poder evaluar sus casos y explorar posibles soluciones que sean efectivas y humanitarias.

En sus primeras interacciones con las familias, la Diputación del Común ha enfatizado la urgencia de que las autoridades pertinentes actúen rápidamente para prevenir desalojos arbitrarios, especialmente cuando no se ofrece una alternativa a quienes están afectados.

La institución resalta la importancia de garantizar el acceso a servicios básicos a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, ya que este aspecto involucra también a la Oficina de Extranjería, considerando que hay varios individuos sin documentación en la comunidad.

Ante esta problemática, se ha propuesto la creación de una mesa de trabajo de forma inmediata, donde participen el Gobierno de Canarias, los municipios y el cabildo, con el propósito de diseñar soluciones habitacionales urgentes y abordar las necesidades estructurales en medio de la crisis de vivienda que atraviesa el Archipiélago.

Desde la Diputación del Común se reconoce que los cuerpos de seguridad cumplen con su función, pero el verdadero desafío radica en la falta de respuestas adecuadas por parte de las administraciones públicas ante esta problemática.

“No es razonable desalojar a familias que han vivido en un lugar por años sin prever alternativas”, subrayan, insistiendo en la necesidad de estudiar el contexto para encontrar posibles soluciones para aquellos que se encuentran en una situación vulnerable.

La Diputación ha contactado también con la Asociación de Derecho al Techo, dado que están al tanto de las circunstancias que rodean a estas familias y la crisis de vivienda en la región.

Los residentes de Cueva Laya argumentan que la aparición de estos asentamientos ilegales se ha visto propiciada por los altos precios de la vivienda y la falta de acceso a alquileres, lo que ha llevado a muchos a construir sus propias casas improvisadas.

Este campamento, que alberga a cientos de personas, genera preocupación debido a la carencia de servicios básicos y su ubicación en terrenos destinados a otros usos, como el desarrollo de un parque tecnológico. Actualmente, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se encuentra en un proceso de identificación de los ocupantes, ya que se trata de una situación social compleja vinculada a la ocupación ilegal de suelo.