En un avance significativo hacia la mejora del bienestar social, el Gobierno de Canarias anunció este miércoles una inversión histórica de 1.132,4 millones de euros, destinada a fortalecer el Sistema de la Dependencia en el archipiélago durante el periodo 2025-2028.

A esta cantidad se suman 469,6 millones de euros que aportarán los cabildos insulares, alcanzando así un total de 1.602 millones de euros que se destinarán a la atención a la dependencia y la discapacidad en las diferentes islas de Canarias.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este paso representa el cumplimiento de una de las promesas clave del presidente Fernando Clavijo: situar a las personas en el centro de todas las políticas de gestión.

Delgado subrayó que este esfuerzo busca saldar una deuda histórica con el tercer sector, garantizando estabilidad, criterios comunes y financiación sólida para toda la red de atención a la dependencia y la discapacidad a lo largo de las Islas Canarias.

Asimismo, confirmó que la cantidad asignada incluye el compromiso de mantener todos los servicios previstos, con ajustes de precios retroactivos a enero de este año, asegurando así la capacidad de respuesta del sistema.

El nuevo convenio también refuerza la equidad territorial, estableciendo normas comunes para el acceso a las listas de reserva y la acreditación de entidades del tercer sector, lo que asegurará una atención de alta calidad en todas las islas.

Delgado afirmó que el proceso ha sido inclusivo y participativo, involucrando a cabildos y entidades del sector, y lo describió como un momento histórico que promueve un sistema sociosanitario más equitativo, estable y sostenible.

Con el nuevo marco, los servicios que gestionaba la Comunidad Autónoma, como la teleasistencia, ya no serán parte de los convenios insulares, y la ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife será gestionada directamente por el Gobierno de Canarias, garantizando así criterios uniformes y cobertura en todas las islas.

Además, se implementarán nuevas actualizaciones de precios basadas en estudios independientes y análisis de costos específicos de cada isla, asegurando que la financiación sea adecuada a la realidad local.

Un protocolo sociosanitario también será introducido, regulando cuestiones como altas hospitalarias y urgencias sociales, para optimizar la financiación estatal y mejorar la colaboración con el sistema de salud.

En cuanto al presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para el 2026, este se eleva a 837,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,2 % y una posibilidad de expansión a 1.037 millones al incluir fondos externos.

La inversión en dependencia para el próximo año será especialmente robusta, con 387,4 millones de euros asignados, lo que equivale a un incremento del 30,4 %. Esto se traduce en una mejora significativa en la atención y cuidados para personas dependientes y con discapacidad, asegurando un servicio más completo y eficaz.