Clavijo pide a Torres una reunión para buscar unidad parlamentaria y compensaciones para Canarias por el conflicto en Irán.

En un contexto de creciente preocupación por las repercusiones económicas de la guerra en curso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado a la unidad de la mayoría del Parlamento canario para iniciar negociaciones con el Gobierno central. El objetivo es establecer compensaciones específicas para las islas o, alternativamente, flexibilizar las normas fiscales que rigen la administración de recursos.

Al finalizar una reunión con los portavoces de los partidos políticos representados en el Parlamento, Clavijo solicitó con carácter "urgente" un encuentro con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El propósito de esta reunión es discutir la implementación de medidas adecuadas que respondan a las necesidades particulares del archipiélago canario.

El presidente canario hizo hincapié en que el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno central generará una pérdida de 150 millones de euros del Fondo de Compensación, resultado de la reducción del IVA. Por lo tanto, Clavijo instó a establecer mecanismos que eviten que la comunidad autónoma se vea obligada a recurrir a sus propios fondos para mitigar la crisis.

«Es fundamental que estemos unidos en este momento de incertidumbre», afirmó Clavijo. Reconoció que independientemente de la duración del conflicto bélico, sus repercusiones sobre la economía y la infraestructura de Canarias se prolongarán, afectando especialmente a las familias más vulnerables.

Desde el Grupo Mixto, Raúl Acosta advirtió que cualquier medida que implemente el gobierno regional estará restringida por limitaciones específicas, reiterando que es necesario optar entre compensaciones o una flexibilización de las reglas fiscales existente.

Acosta también mencionó la bonificación al combustible en las llamadas 'islas verdes', destacando que esta medida ha quedado obsoleta frente a los aumentos en los precios, y abogó por un verdadero "escudo social" que proteja a la ciudadanía, ya que el decreto estatal no aborda adecuadamente las realidades canarias.

Por su parte, Luis Campos, portavoz de NC-bc, expresó su apoyo a la solicitud de compensaciones al Estado, subrayando la importancia de reconocer las "singularidades" de Canarias. Además, consideró que existe una "oportunidad" para revisar las normas fiscales que limitan la actuación del gobierno regional.

Sin embargo, enfatizó que el Ejecutivo regional no debería esperar pasivamente una solución del Gobierno central, poniendo de relieve la importancia del autogobierno canario y la necesidad de tomar la iniciativa.

Entre las propuestas de su grupo, Campos propuso la devolución a los transportistas del 99,9% del impuesto sobre el combustible, la recuperación de deducciones fiscales en el IRPF y un aumento en la renta de ciudadanía, así como la implementación de complementos permitidos por la ley.

En otro orden de ideas, José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista, consideró poco probable que el decreto anticrisis sea convalidado en el Congreso, sugiriendo que se explore la creación de un decreto específico para Canarias, dado que las circunstancias podrían cambiar de aquí a un año.

Barragán también apoyó todas las iniciativas que el Gobierno canario proponga para abordar la situación actual, instando a que se adopten de manera inmediata, y priorizando un enfoque flexible en su implementación hasta finales de año.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, coincidió con muchas de las propuestas del Gobierno regional, aunque destacó que el "escudo" anti-crisis también debe enfocarse en las personas y no solamente en el sector productivo, prometiendo apoyo para impulsar estas medidas concretas.

Franquis también expresó su descontento por la falta de un decreto propio para Canarias, aludiendo a las acciones que han tomado otras comunidades autónomas, como Euskadi o Cataluña, y criticó a la administración canaria por lo que percibió como una falta de transparencia en la comunicación con la sociedad canaria.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, hizo un llamado a la cooperación interadministrativa para abordar las crisis actuales, subrayando que el Gobierno debe actuar junto con cabildos y ayuntamientos, y apelando al sentido común para priorizar el bienestar de las familias en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, Luz Reverón, del Grupo Popular, destacó la pertinencia de las propuestas presentadas por el Gobierno de Canarias frente a los desafíos impuestos por el decreto estatal, el cual, según su criterio, ignora las particularidades del archipiélago. Concluyó que la situación exige una respuesta más ajustada a la realidad canaria.