En un ambiente de creciente agitación, el Comité de Crisis Veterinario, una organización que representa a profesionales del ámbito veterinario en España, ha orquestado un impresionante despliegue de protestas a lo largo del país. Este fin de semana, cerca de 40 manifestaciones han tomado forma en oposición al Real Decreto 666/2023, conocido como la Ley del Medicamento Veterinario, una normativa que afecta la manera en que se distribuyen y prescriben los medicamentos para los animales.

Las islas canarias no son ajenas a este descontento. Este domingo, las manifestaciones continuarán en La Palma, Lanzarote y Tenerife, comenzando a las 12.00 horas. En Santa Cruz de Tenerife, los manifestantes se reunirán en la Plaza Weyler y recorrerán la Calle Castillo hasta llegar a la Plaza de Candelaria. En Santa Cruz de La Palma, el punto de partida será La Alameda, mientras que en Lanzarote la congregación tendrá lugar frente al Palacio Spínola en Teguise.

Las acciones de protesta a nivel nacional están programadas, en su mayoría, para la mañana del domingo. Los veterinarios han instado a los dueños de mascotas a unirse a la causa, exigiendo un marco regulador que sea "más justo y coherente", que les permita ejercer su profesión alineados con la evidencia científica y su criterio profesional.

Uno de los puntos críticos que subrayan es que el Real Decreto limita su capacidad para proveer tratamientos necesarios directamente desde sus clínicas a los animales que cuidan. Además, denuncian un sistema burocrático excesivo que impone exigencias técnicas "absurdas", tales como detallar el número exacto de gotas administradas o el porcentaje de una crema utilizada. Aquellos que no cumplan con estas normas se enfrentan a sanciones económicas que pueden ascender hasta 1,2 millones de euros.

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha manifestado su solidaridad con los veterinarios y ha convocado a todos los amantes de los animales, organizaciones y ciudadanos a unirse a esta lucha en Madrid, mostrando así un frente común en la defensa de una práctica veterinaria más adecuada.

El sector ha estado en un ciclo de movilizaciones desde que las repercusiones de la Ley del Medicamento Veterinario comenzaron a impactar a los profesionales que atienden a mascotas. A lo largo de este tiempo, han llevado sus quejas hasta el Congreso, donde han tenido la oportunidad de dialogar con representantes de varios partidos políticos, entre ellos el PSOE, PP, Vox, Junts, ERC, Bildu y Sumar. Sin embargo, han lamentado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no haya estado dispuesto a reunirse con ellos, llegando incluso a solicitar su dimisión durante una de las protestas en el Congreso.

En la más reciente Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, el PSOE y ERC llegaron a un acuerdo sobre una enmienda a una Proposición No de Ley que solicitaba al Gobierno fomentar el diálogo con el sector veterinario respecto a la disponibilidad de antibióticos. Esta situación resalta la creciente presión sobre los legisladores para que tomen en cuenta las demandas del sector.

Posteriormente, ERC presentó esta enmienda como parte de un Proyecto de Ley destinado a crear una agenda de salud y modificar la Ley General de Salud Pública. En los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, la diputada de ERC, Etna Estrems Fayos, solicita que el Gobierno actúe en un plazo de seis meses tras la aprobación de la ley para abordar las preocupaciones que ya plantearon en la última comisión.

Además, formaciones políticas como Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Junts han presentado enmiendas al Proyecto de Ley, reflejando las inquietudes de los veterinarios. De hecho, Junts ha demandado la derogación de la Ley del Medicamento Veterinario, alineándose con las exigencias que han hecho anteriormente Vox y PP.