En Las Palmas de Gran Canaria, el 28 de marzo, el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Ramón Recio, expresó su inquietud principal durante las XXIII Jornadas de Presidentes/as de Audiencias Provinciales: la sobrecarga laboral que enfrentará el sistema judicial con la implementación de la Ley 1/2025 en octubre, la cual obligará a los juzgados de violencia sobre la mujer a manejar delitos relacionados con la violencia sexual.

Esta preocupación se planteó en el contexto de un encuentro que Recio calificó de "fructífero e interesante", donde se discutieron las implicaciones de la nueva legislación. El presidente subrayó la importancia de asegurar que las víctimas de estos delitos reciban el apoyo y la atención que merecen, lo que podría dificultarse si no se aborda adecuadamente la sobrecarga de trabajo.

De acuerdo con las comisiones provinciales encargadas de la coordinación en casos de violencia de género, se hace esencial realizar un análisis detallado sobre el volumen y la complejidad de estos delitos. Además, se enfatiza la necesidad de aumentar los recursos judiciales, así como el personal necesario, para poder afrontar estas nuevas responsabilidades sin que se produzcan daños adicionales a las víctimas debido a retrasos en los procedimientos.

También se planteó la urgencia de implementar tecnologías que faciliten la declaración telemática de las víctimas, asegurando que se realice en un entorno seguro, y se pidió la expansión del equipo técnico del centro Cometa para gestionar eficazmente las medidas de control telemático en casos de violencia de género.

Las recomendaciones incluyeron aumentar la cantidad de profesionales capacitados en áreas como la psicología y la medicina forense, con especial atención a la violencia de género. Existe preocupación por la potencial revictimización que podría surgir de la externalización de estos servicios, y se aboga por la creación de un observatorio específico de violencia de género en zonas rurales para abordar sus particularidades y desarrollar estrategias adecuadas.

A pesar de que la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 se considera generalmente "positiva", promoviendo una transformación de la estructura judicial hacia una mayor especialización y flexibilidad, se hizo hincapié en la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desempeñe un papel protagónico en este proceso reformista. Se instó a recopilar información crucial tanto del Ministerio de Justicia como de las comunidades autónomas para maximizar la efectividad de la implementación de la nueva ley.

Por otro lado, se mencionó que es esencial elaborar relaciones detalladas de puestos de trabajo para los nuevos servicios comunes, asegurando que se cuente con un soporte adecuado para la presidencia de la Audiencia Provincial, y que se definan claramente las circunstancias en las que el teletrabajo no puede ser autorizado.

En el ámbito penal, se solicitó al CGPJ que obtenga datos específicos sobre la llegada de casos de violencia sexual en cada tribunal, y se propusieron soluciones para regionalizar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, con el fin de establecer un sistema más organizado para la atención a las denunciantes y mejorar la rapidez en la atención a los casos.

Además, se destacó la necesidad de desarrollar incentivos fiscales dentro del marco legal y organizativo civil para abordar la carga de trabajo adicional que pueden enfrentar los juzgados de primera instancia, promoviendo la conciliación como una solución viable y efectiva.