En un importante operativo realizado en Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional ha arrestado a tres individuos implicados en una red criminal acusada de falsedad documental y de facilitar la inmigración irregular. Estas acciones incluían el empadronamiento fraudulento de 39 ciudadanos, predominantemente de Marruecos y Mauritania, en el municipio de Gáldar.

Todo comenzó a finales de marzo cuando el Servicio de Padrón municipal del Ayuntamiento de Gáldar notificó a la Policía sobre la posible existencia de empadronamientos irregulares en varios domicilios de la zona. Esta alerta dio paso a una investigación exhaustiva por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que pronto se centró en la actividad sospechosa detectada en la localidad.

Las indagaciones revelaron que los detenidos estaban detrás de un mecanismo de abusos que incluía cuatro hogares en Gáldar donde se habían registrado a estas 39 personas, a pesar de que ninguna de ellas residió en los mencionados lugares. Este esquema delictivo se basaba en ofrecer a los involucrados, a cambio de hasta 600 euros, servicios para completar un empadronamiento ficticio, utilizando contratos de alquiler falsificados.

Estos contratos presentaban como arrendadores a ciudadanos españoles ajenos a las viviendas en cuestión, una estrategia que permitió a los estafadores eludir los controles establecidos. La mayoría de los empadronados no eran residentes en Gran Canaria, sino que realmente vivían en Marruecos, lo que pone de relieve la complejidad del problema migratorio en la región.

Los empadronamientos irregulares permitieron, según la investigación, a estas personas obtener tarjetas sanitarias, iniciar procesos de nacionalización e incluso acceder a prestaciones sociales no contributivas, lo que añade una dimensión crítica al impacto de estas actividades delictivas en el sistema social y administrativo local.

Finalmente, el 26 de junio se llevó a cabo la operación que resultó en la detención de los tres individuos en Las Palmas de Gran Canaria. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el caso fue remitido a la autoridad judicial en Santa María de Guía, donde se evaluarán las acciones a seguir en este grave asunto que toca fibras sensibles en torno a la inmigración y la legalidad en el empadronamiento.