En una decisión que marca un avance significativo en la transición energética de Canarias, el Ministerio de Transición Ecológica ha dado a conocer la adjudicación de 62 nuevos proyectos de generación eléctrica en el archipiélago, que en total aportarán más de 1.000 megavatios (MW) al sistema energético. De estos, 34 corresponden a instalaciones completamente nuevas, mientras que otros 25 son inversiones adicionales y 9 pertenecen a grupos que ya operan en la región.

Según informan fuentes del ministerio, estos proyectos no solo superan las necesidades energéticas de varias islas, sino que también contribuyen al compromiso del Gobierno con la sostenibilidad. Gran Canaria, por ejemplo, requería 330 MW y la nueva adjudicación excede esta cifra. De manera similar, Tenerife contará con 370 MW, Lanzarote y Fuerteventura con 215 MW, y se atenderán las necesidades de La Palma, El Hierro y La Gomera con 44, 6,5 y 5,5 MW respectivamente.

En el caso de La Gomera y El Hierro, las instalaciones existentes se mantendrán y optimizarán. El Hierro, reconocido por su alto grado de generación renovable, verá renovada su infraestructura, mientras que La Gomera se beneficiará de su reciente interconexión con Tenerife, lo cual mejorará la cobertura energética en la isla.

Tenerife, por su parte, se beneficiará de 11 nuevos grupos que cubrirán el 50% de sus necesidades energéticas, y Lanzarote-Fuerteventura hará lo propio con un 67% mediante la contratación de nuevos grupos en el mercado. Esto permitirá diversificar las fuentes de energía y fomentar la competencia en el sector.

El proceso de adjudicación no ha estado exento de ajustes; durante la fase de selección, algunas ofertas previamente elegidas fueron reemplazadas por nuevas propuestas, lo que garantiza que se satisfagan las necesidades de suministro a largo plazo. El ministerio se ha mostrado receptivo a las opiniones de diversos agentes involucrados, incluyendo el Gobierno de Canarias, en lo que respecta a la normativa urbanística y la viabilidad ambiental de los proyectos.

Este importante paso refuerza el compromiso del gobierno español en la descarbonización de las islas, que ha visto cómo su capacidad instalada de energías renovables se ha duplicado desde 2018. En los últimos años, el archipiélago ha recibido más de 750 millones de euros en ayudas para acelerar su transición hacia unas prácticas energéticas más limpias.

Además, se anunció una nueva regulación que facilitará un mayor impulso a la integración de energía renovable y soluciones de almacenamiento, esenciales para el futuro energético de las islas. El Gobierno de Canarias también accederá a una financiación extraordinaria de unos 400 millones de euros en un plazo de tres años, destinada a la instalación de aproximadamente 250 MW, que deben estar en funcionamiento antes del final de 2028.

La adjudicación de proyectos no se limita a Canarias. En Baleares, se han aprobado ocho grupos de generación con una capacidad total de 403 MW; Ceuta contará con un grupo de 5 MW y Melilla verá seleccionados siete grupos con 36 MW. Todo esto demuestra el compromiso del Ministerio por asegurar un futuro energético sostenible en los territorios no peninsulares.

A través de un proceso de concurrencia competitiva, el ministerio ha garantizado suficiente capacidad para cubrir las necesidades energéticas en estas regiones, superando las expectativas hasta 2029. Además, se está preparando un informe que evaluará las necesidades de cobertura energética para 2031, lo que permitirá planear futuras adjudicaciones conforme a las demandas emergentes.

La selección de los adjudicatarios se ha basado en un análisis técnico-económico que prioriza la reducción de costos, considerando tanto la extensión de la vida útil de las instalaciones existentes como las nuevas inversiones. Este enfoque busca no solo el beneficio económico, sino también un impacto positivo en el desarrollo sostenible de la región.

En el total del proceso, se han recibido 181 solicitudes, de las cuales se han seleccionado 78 grupos de generación, que tendrán derecho a recibir un régimen retributivo durante 20 años para los nuevos grupos y hasta cinco o diez años para las inversiones en grupos ya existentes. Esto resultará en una adjudicación total de más de 1.450 megavatios (MW) de potencia firme, lo que sienta las bases para un futuro energético más verde y responsable en España.