En el día de hoy, desde Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se defendió de las acusaciones que han surgido en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia. En un encuentro informativo organizado por Canarias7, Torres calificó la situación como una "campaña" orquestada para "dañar su reputación".

Al abordar la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las adquisiciones de material en Canarias, el ministro destacó que este proceso "debió comenzar en 2022". Explicó que esta indagación ha ocupado a la Guardia Civil durante años, revisando diversos aspectos de la compra y analizando las conversaciones mantenidas con él en los últimos cinco años.

En su intervención, Torres hizo hincapié en dos puntos clave que han emergido de la investigación. Primero, mencionó las acusaciones de que estuvo involucrado con mujeres víctimas de explotación sexual, indicando que el juez del Tribunal Supremo solicitó pruebas al denunciante, quien presentó una supuesta evidencia. Sin embargo, el ministro afirmó que en el momento mencionado, él estaba durmiendo en su casa, lo que desvirtúa dicha acusación.

Asimismo, Torres desmintió las insinuaciones de que habría mediado en prácticas corruptas relacionadas con sobornos o comisiones. "No hay prueba alguna de actos de corrupción", aseguró, añadiendo que ha soportado un largo período de difamaciones que, según él, han quedado desmentidas con el tiempo, pues se ha confirmado la existencia de una trama corrupta, aunque sin conexión con Canarias.

Reiteró su convicción de que ha enfrentado una "campaña difamatoria" injusta, subrayando que jamás mantuvo relación con Víctor de Aldama, más allá de un mensaje que le fue enviado. A pesar de la situación, el ministro manifestó su compromiso de continuar trabajando en defensa de los intereses de Canarias.

Respecto a la contratación de Eurofins Megalab durante la crisis sanitaria, Torres se mostró claro al afirmar que aunque no conoce los detalles de las conversaciones previas, la elección de esta empresa se basó en su capacidad y trayectoria a nivel nacional. Resaltó la importancia de haber garantizado pruebas PCR accesibles para la población canaria, enfatizando que, de no haberse tomado esas decisiones, las consecuencias podrían haber sido trágicas, con vidas en riesgo.

El ministro concluyó su defensa asegurando que su integridad nunca se ha visto comprometida en su labor por traer material a las Islas. "Actué en beneficio de Canarias y no haría nada diferente", sentenció.